El Gobierno se ha comprometido hoy con patronal y sindicatos
a convocar este mes la mesa de diálogo social para una negociación que tendrá
como prioridades devolver la prevalencia al convenio sectorial y limitar la
subcontratación, lo que supone revertir medidas de la reforma laboral del PP de
2012.
Además, se reformará la formación profesional para el
empleo, se estudiará adaptar las jornadas de trabajo como alternativa al
despido y se fomentarán las políticas de igualdad, al tiempo que se revisará el
contrato en prácticas y se promocionará el contrato relevo, ha informado
Presidencia del Gobierno tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los
máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha añadido por la
tarde durante su primera comparecencia en el Congreso que también se
endurecerán los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo
para que vuelva a ser un mecanismo excepcional, al tiempo que se recuperará la
ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia, cuestiones que
también se facilitaron con la reforma del PP.
La reactivación de la mesa de diálogo social vendrá
acompañada de la puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo, entre los
que habrá uno específico en materia de pensiones para hablar de medidas que garanticen
la sostenibilidad social y económica del sistema público y su equilibrio
financiero.
También a más largo plazo se pretende revisar en profundidad
el Estatuto de los Trabajadores, para convertirlo en una norma del siglo XXI y
que deje de ser "un puro catálogo de poderes empresariales", ha
afirmado Valerio.
Asimismo, se reforzarán las labores de la Inspección de
Trabajo para combatir las malas prácticas laborales alrededor de la figura del
falso autónomo y los abusos de la contratación temporal y en la contratación a
tiempo parcial no voluntaria, que además encubre jornadas a tiempo completo.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe
Álvarez, se han mostrado dispuestos a hablar de pensiones y de un nuevo
Estatuto de los Trabajadores, pero han reclamado que se tomen medidas de choque
de forma inmediata para poner coto a la subcontratación y a la temporalidad y
para poder aplicar el acuerdo salarial a las subcontratas del sector público.
Para los sindicatos es urgente acabar con la subcontratación
que supone una competencia desleal por parte de empresas con un modelo de bajos
salarios, a lo que suman la necesidad de derogar la prevalencia del contrato de
empresa.
A ello han añadido la necesidad de cambiar cuanto antes la
ley de desindexación que limita las subidas salariales de los trabajadores
subcontratados por las Administraciones Públicas a las establecidas en los
presupuestos para el sector público.
De lo contrario, a estos trabajadores de empresas
subcontratadas por el sector público no se les podría aplicar la subida del 2 %
más el 1 % variable pactada con la patronal para el periodo 2018-2020, además
de la elevación progresiva a 14.000 euros del salario mínimo en convenio
colectivo.
En opinión de Sordo estos elementos podrían contar con un
amplio consenso político y se podrían plasmar en la proposición de ley del PSOE
sobre subcontratación que ya se está tramitando en el Congreso y que podría
agilizarse a partir de septiembre para quedar aprobada a final de año.
