La situación presupuestaria en España –y también la de Portugal- figura de nuevo en la agenda del primer Eurogrupo del curso que se celebra este viernes 9 de septiembre en Bratislava. El Gobierno de Mariano Rajoy se libró en julio por la mínima de una multa de 2.000 millones de euros por incumplir la meta de déficit en 2015. Y logró una prórroga de dos años, hasta 2018, para situar el desfase por debajo del límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad.
A cambio de esta clemencia, Bruselas ha exigido a España que presente dos documentos antes del 15 de octubre: el borrador de Presupuestos para 2017 y el plan multianual con los recortes que pretende aprobar para alcanzar los nuevos objetivos de déficit (4,6% este año, 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018). Uno de los ajustes que sugiere la UE es subir el IVA a algunos de los productos a los que ahora se aplica el tipo reducido.
Nueva amenaza de multa
Si el Ecofin concluye que España no ha adoptado en plazo “medidas eficaces” para corregir el déficit, podría activar la siguiente fase del expediente sancionador. La reincidencia se traduciría en una multa agravada de hasta el 0,5% del PIB, es decir, 5.000 millones de euros en el caso español. Sería la primera vez en la historia de la UE que se pone en marcha este procedimiento de castigo reforzado.
Con lo que no contaban los dirigentes comunitarios es que España seguiría a estas alturas sin Gobierno y con crecientes posibilidades de unas terceras elecciones en diciembre. En público, apenas ha habido reacciones en Bruselas a la investidura fallida de Mariano Rajoy la semana pasada. “Teniendo en cuenta los retos pendientes, mantenemos nuestra esperanza de que España pueda formar un Gobierno estable capaz de negociar con sus socios y las instituciones”, se limitó a decir el lunes el portavoz de la Comisión, Alexander Winterstein. Pero en privado, los responsables comunitarios admiten que no saben cómo abordar el caso español.
“Por un lado, las reglas (presupuestarias) son muy claras. Pero por otro, también es evidente que un Gobierno en funciones no puede tomar las decisiones políticas necesarias para que podamos constatar que España ha adoptado medidas eficaces de corrección del déficit. Nunca se ha dado una situación así y de momento no hay una solución clara sobre cómo afrontarla”, señala un alto funcionario del Eurogrupo. “No hay una decisión clara sobre qué hacer”, coincide un portavoz.
De momento, el Eurogrupo ya da por hecho que España no enviará a tiempo los nuevos Presupuestos para 2017. Durante la reunión del G-20 en China, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que le remitirá las cuentas de 2016 prorrogadas. Y que en las próximas semanas el Gobierno aprobará un real decreto para adelantar el cobro del impuesto de sociedades. Una vez recibidos estos documentos, el Ecofin tiene de plazo hasta el 8 de diciembre para dictaminar si ha habido “medidas eficaces”.
Si la preocupación de la UE por España todavía no se ha convertido en alarma es porque el crecimiento continúa a velocidad de crucero, ajeno a la incertidumbre política. La economía española va “extremadamente bien”, resalta el alto funcionario. España creció un 0,8% durante el segundo trimestre del año, muy por encima del 0,3% de media en la eurozona y de las cifras registradas en Alemania (0,4%), Francia o Italia (0%).
Además, el futuro Gobierno español cuenta con un margen amplio para corregir el déficit gracias a que la prórroga concedida por Bruselas es de dos años, en lugar de uno como había pedido Guindos. Eso significa que las sanciones reforzadas no tienen que desencadenarse necesariamente de inmediato. Para 2016, la UE no ha pedido ningún ajuste adicional, mientras que en 2017 y 2018 España deberá hacer un esfuerzo estructural del 0,5% del PIB (5.000 millones de euros cada año). “La situación no es buena, pero tampoco hay que preocuparse demasiado”, indican las fuentes consultadas.
La congelación de fondos, imparable
Lo que sí llegará en las próximas semanas es la congelación de parte de los fondos europeos previstos para España en 2017, en concreto, alrededor de 1.300 millones de euros. Es el segundo pilar del castigo por el desvío del déficit en 2015. Bruselas quería haber anunciado la decisión en julio, al mismo tiempo que la multa cero. Pero la Eurocámara, pese a no tener poder de veto, exigió un debate previo, logró retrasar el trámite hasta septiembre y aún no ha fijado fecha para esta discusión. “Parece que al Parlamento le cuesta volver de vacaciones”, ironizan en el Ejecutivo comunitario.
La conferencia de presidentes –que reúne a los líderes de los principales grupos políticos- tiene previsto decidir la fecha este jueves. Lo más probable es que sea el 15 de septiembre, con lo que la Comisión tendrá ya vía libre para suspender los fondos a España y Portugal a finales de mes. Y para descongelar estas ayudas –que se destinan a proyectos de infraestructuras o I+D, entre otros- sí que es imprescindible que haya un nuevo Gobierno que presente “medidas eficaces” para corregir el déficit.
