COCA COLA y los trabajadores de la embotelladora de la
compañía en Fuenlabrada han alcanzado un preacuerdo para cerrar el conflicto
abierto desde hace más de cuatro años, cuando la empresa decidió reestructurar
sus operaciones industriales y, como consecuencia, cerrar su planta madrileña.
Uno de los principales puntos del preacuerdo, según avanzó
CC OO en la tarde del jueves y confirmó la empresa a este periódico, tiene que
ver con la recuperación de la actividad industrial de Coca-Cola European
Partners en el centro de la Península, después de que la compañía concentrase
su producción en siete centros en A Coruña, Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla,
Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
Las partes se dan un plazo de dos años para que Coca-Cola
European Partners abra un nuevo centro en un radio de 70 kilómetros alrededor
de Madrid, que según indican fuentes de la empresa, tendría actividad logística
e industrial. Para llevarlo a cabo, el proyecto deberá encajar en la estrategia
de la empresa con sede en Londres, recalcan fuentes de la misma. De hacerlo,
los trabajadores de Fuenlabrada menores de 58 años se integrarían en él.
Entre tanto, la planta de Fuenlabrada, que venía
desempeñando tareas logística, quedará cerrada y su actividad se repartirá en
otros centros. Con esto se pone punto y final al proyecto de convertir la
fábrica de Fuenlabrada en un Centro de Operaciones Industriales y Logísticas
(COIL). A la espera de la decisión de CCEP, los trabajadores con menos de 52
años tendrán un permiso retribuido conservando su salario. Los mayores de esa
edad podrán activar sus prejubilaciones a partir del próximo año.
“Lo que hemos acordado es poner fin al conflicto social con
dos posibles salidas: la recuperación de la actividad industrial, o la garantía
de un plan social que da garantías a la plantilla”, afirma a este periódico el
presidente del comité de empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada, Juan Carlos
Asenjo, que muestra su satisfacción por la llegada de la paz social. Ese plan
social contempla, entre otras cuestiones, prejubilaciones para los mayores de
52 años, y el abono del 80% del salario medio para los menores de esa edad
hasta que alcancen la edad de prejubilación.
Las partes también
han acordado desjudicializar el conflicto, aunque los procesos individuales que
se mantienen en el juzgado de lo social de Móstoles seguirán su curso.
