España tiene un problema grave con el mercado laboral. Y ese problema no es sólo derivado de la reciente crisis que la economía lucha por dejar atrás, sino que está enquistado de tal manera que la excepción fueron los tres años antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con una tasa de paro por debajo del 10%, y no el 20% actual.
Entre 1980 y 2015, según las estadísticas disponibles del Fondo Monetario Internacional (FMI), la media de tasa de paro en España se sitúa en el 17,4%. Es decir, el desempleo histórico, contando casi todo el periodo de la actual democracia, es menos de tres puntos inferior al 20% actual.
Así, lejos de ser una excepción, 2016 será el decimocuarto año en el que el paro promedia una tasa superior al 20% de la población activa. Por el contrario, sólo en tres años el desempleo bajó del 10%, y lo hizo con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar. Los años 2005, con un 9,15%; 2006, con un 8,45%; y 2007, con un 8,23%, representaron los registros que se salieron del guión, pese a que aún entonces el paro casi duplicaba al de la zona euro (4,7% en 2007, según las estadísticas de Eurostat).
El panel de economistas de Funcas prevé que el paro terminará en el 20% este año, y continuará con una tendencia a reducirse hasta alcanzar el 14,3% en 2020. Es la primera vez que la Fundación de las Cajas de Ahorro incluye así previsiones a medio plazo. Entre medias, proyectan un paro en el 18,5% en 2017 y un 16,8% en 2018, por debajo ya de la media histórica. En 2019, según estas estimaciones, la tasa de desempleo se situaría en el 15,5%.
La última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, con los datos del segundo trimestre, mostró una ralentización en el proceso de creación de empleo. Durante el segundo trimestre, el número de ocupados se incrementó en 434.000 personas, lo que implica un aumento del 2,4%, nueve décimas por debajo de la tasa de crecimiento registrada al inicio de año. La tasa de paro se sitúa en el 20%, un punto menos que en el primer trimestre y 2,4 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.
En total, según la EPA, 4,57 millones de personas están en búsqueda activa de empleo en España sin éxito. Una cifra que se reduce en 216.700 respecto a los tres primeros meses del año. La población activa se eleva en 54.600 personas hasta los 22,87 millones, mientras que la tasa de población activa está en el 59,41%.
Las estimaciones de Funcas incluyen que el número de parados se reducirá paulatinamente hasta los 3,25 millones en 2020. Entre medias, la cifra de desempleados será de 3,8 millones en 2018, fecha en que la tasa de paro se reducirá por debajo del promedio histórico según las proyecciones de estos economistas. Es decir, lo hará con casi cuatro millones de parados.
“Aunque cada época tiene características propias, cuando el paro estructural supera el 10% es para preocuparse”, apunta Sandalio Gómez, profesor del IESE, algo que sucede con creces. En la época de mayor creación de empleo, apenas se rebajó este umbral, mientras que históricamente el paro ha estado en 33 de 36 años por encima.
El propio Banco de España también pone el acento en este fenómeno en su último boletín económico: “El mercado de trabajo español presenta un nivel de desempleo de larga duración mucho más elevado y persistente que el de otros países desarrollados, especialmente en determinados colectivos, como el de la población con menor formación”.
El organismo gobernado por Luis María Linde reconoce que hay “múltiples causas” para explicar este problema, pero se aventura con una de las respuestas al señalar que el “desajuste entre las competencias laborales demandadas y las ofrecidas por los individuos que buscan un empleo”.
En este sentido, hace hincapié en las estadísticas que muestran que las personas con menor formación tienen mayor riesgo de estar en situación de desempleo. El desempleo entre las personas con estudios altos, según la EPA, es del 10,2%, menos de la mitad que el 21% del segmento con estudios medios. En el caso del colectivo con formación baja, la tasa de paro alcanza el 36,1%.
“Hay un déficit de personas con cualificación media, y el elevado nivel de personas sin formación perjudica al mercado laboral”, arguye Sandalio Gómez. En la misma línea, Almudena Semur apunta que “la población está muy polarizada entre personas sin estudios y universitarios, lo que produce un desajuste entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Se necesitan políticas activas para ajustar estos porcentajes con las necesidades del mercado”.
El análisis del Banco de España ahonda en este problema y cita un estudio de tres economistas de la institución que señala: “España se sitúa en cabeza de los países del área del euro con mayores diferencias entre niveles educativos de ocupados y desempleados. La razón de este aumento del desajuste educativo se encontraría en un incremento relativo de la demanda de trabajadores con estudios elevados, mientras que el nivel educativo de los parados en España está cada vez más concentrado en niveles formativos bajos”. Por ello, el Banco de España pide “aumentar la formación reglada de los desempleados de baja cualificación, o bien incentivar la contratación de este tipo de desempleados”.
MÁS PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Pero la formación, según los expertos, no es lo único que explica el abultado nivel de paro que se registra en el mercado laboral español. Los economistas recuerdan que el tejido empresarial es el que marca la composición del mercado laboral. “Se contrata mucho en sectores con baja intensidad, tenemos una economía sumergida grande y la base exportadora para soportar ciclos de debilidad de la demanda interna es baja”, arguye Semur. Además, cree que también influye la estructura empresarial, con el 99,9% de empresas siendo pymes, según datos del INE. Las pequeñas y medianas empresas son las que más han sufrido la crisis, entre otras cosas por la falta de financiación, y también son las que más han despedido.
Gómez, por su parte, cree que se necesita mayor transparencia en el mercado laboral. Con ello, pide mayor eficiencia en el gasto en cursos de formación y en la colocación de parados por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE, antiguo INEM). Asimismo, reclama que los parados registrados estén obligados a “demostrar que están en búsqueda activa de trabajo, como ocurre en otros países”, para poder acogerse a beneficios como el subsidio de desempleo.
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