La embotelladora de Coca-Cola ha tomado medidas ante el fracaso judicial de su intento de reestructurar la plantilla del grupo. La compañía capitaneada por Sol Daurella ha roto el contrato que mantenía con Sagardoy Abogados y ha regresado a los brazos del que fue asesor legal durante años de Cobega, la casa madre de la firma actual: Garrigues.
El bufete trabaja al lado de la familia Daurella desde principios del ejercicio, indican fuentes cercanas a los propietarios del grupo.
Concurso a finales de 2013
Se trata de la segunda ocasión en que los letrados de Garrigues y Sagardoy se traspasan las responsabilidades de la gestión laboral del grupo. La dirección de la embotelladora planteó a finales de 2013 un concurso entre despachos para reestructurar los recursos humanos de la compañía. En esos momentos, había dado sus primeros pasos tras la fusión de las ocho embotelladoras que operaban hasta la fecha en España.
La oferta de Sagardoy superó a la de Garrigues y la de otros bufetes que participaron en el proceso. El despacho especialista en derecho laboral se encargó de pilotar el despido de 1.190 trabajadores y el cierre de las fábricas de Asturias, Palma de Mallorca (Baleares), Alicante (Comunidad Valenciana) y Fuenlabrada (Madrid).
Pago de 7,2 millones
Este último centro es el origen del revés judicial que ha encajado Coca-Cola Iberian Partners. La anulación del expediente de regulación ha obligado al grupo a desembolsar, por el momento, 7,5 millones de euros para compensar a los despedidos.
La cifra final se incrementará tras la ratificación del Tribunal Supremo de que el expediente de regulación de empleo (ERE) era erróneo y que la conducta de la empresa vulneraba los derechos laborale sde los trabajadores.
Coca-Cola Iberian Partners ni confirma ni desmiente que el encargo de los nuevos asesores legales sea aprobar una nueva reestructuración en el grupo. La compañía indica que aún no se ha tomado ninguna decisión en este sentido.
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