El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo
de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que
finaliza en diciembre de 2018. España no sale bien parada de este documento
donde se analiza a parlamentarios, jueces y fiscales. De las once
recomendaciones que hace el Greco para combatir contra la corrupción, España
efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las
cumple en absoluto”.
El dictamen es que la situación de España es “globalmente
insatisfactoria” y eso que en el anterior informe solo era seis las
recomendaciones que cumplía parcialmente. Un tema en el que insiste mucho el
Consejo de Europa es que los parlamentarios deben detallar en sus declaraciones
de bienes los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados. Además,
también tendrían que añadir las participaciones o acciones empresariales y sus
ingresos por dietas o compensaciones.
Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de
las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un
sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses
económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y
senadores.
Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año,
el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y
sus bienes, pero echa en falta más detalles.
Así, pide que se incluya información sobre las empresas en
las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que
reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por
sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias (incluidas dietas
y compensaciones).
La otra recomendación parcialmente cumplida es regular la
relación de los diputados y senadores con los “lobbies”. Le parece bien que se
pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero duda
que la propuesta sea adoptada durante la legislatura.
En el apartado para evitar la corrupción en la Fiscalía, el
Greco toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su
autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del
Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con
una publicidad adecuada.
Valora que exista un borrador de código ético en caso de posibles
conflictos de intereses de fiscales, pero queda a la espera de su definitiva
aprobación, y pide un procedimiento específico para los procesos disciplinarios
a los miembros del Ministerio Fiscal.
Respecto a los jueces, el Greco reitera que los miembros del
Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de
los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para
el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. También pide que se
amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios contra
magistrados.
Fuentes del Ministerio de Justicia español indicaron que el
Gobierno pretende “avanzar hacia el cumplimiento pleno” de las recomendaciones
del Greco, y destaca que ya existe una obligación de declarar bienes y
actividades por parte de los parlamentarios, con asesoramiento jurídico por
parte de los letrados de las Cortes.
Las mismas fuentes hacen notar que profundizar en el detalle
de estas declaraciones está sometido, en todo caso, al consenso de los
parlamentarios, y destacaron que se facilitan por la página web del Congreso y
Senado.
Justicia recuerda que ya se está discutiendo en el Congreso,
a propuesta de Ciudadanos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
para cambiar el sistema de nombramiento del presidente y los vocales del CGPJ y
que no intervengan los partidos.
Considera que hay tiempo hasta finales de 2018, cuando acaba
esta cuarta ronda del Greco, para mejorar algunos aspectos en los que ya está
trabajando el Congreso o el Gobierno, por lo que el resultado final será
previsiblemente mejor que el de ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario