Un amplio acuerdo en la comisión parlamentaria del Pacto de
Toledo ha salvado un gran escollo para renovar las recomendaciones del Pacto
sobre una futura reforma de pensiones. El acuerdo alcanzado implica que los
pensionistas mantengan su poder adquisitivo, que se garantizará “en base al IPC
real”.
Este punto se había erigido en un obstáculo insalvable que, desde marzo,
amenazaba con hacer descarrilar las conversaciones de esta histórica comisión.
Este miércoles finalmente se ha logrado un principio de acuerdo en torno a un
texto muy genérico e, incluso, algo contradictorio, que permite “un pacto de
mínimos”, según el portavoz del PdeCAT, Carles Campuzano. Este paso, con ser
importante, no es definitivo, ya que solo es una recomendación de las 22 que
componen el Pacto.
El pasado invierno las movilizaciones de pensionistas le
cambiaron el paso al Congreso de los Diputados. El Pacto de Toledo, la comisión
parlamentaria donde se abordan los asuntos de pensiones, avanzaba lentamente en
sus trabajos para renovar las 22 recomendaciones para una futura reforma de la
Seguridad Social, pero avanzaba.
Los miembros de la comisión, conscientes de
que la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de los
jubilados iban a ser un importante escollo, lo habían orillado. Pero la
dimensión de las manifestaciones forzó el cambio de planes de los diputados y
obligaron al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en
el Congreso.
Superar ese escollo ha costado más de medio año. Y tras ese
tiempo se ha llegado a un "acuerdo de mínimos que, fundamentalmente,
pretende salvar la viabilidad del Pacto de Toledo", ha descrito Carles
Campuzano, portavoz del PdeCAT en la comisión y su miembro más veterano.
Pero
esa entente mínima aclara algunas cosas: los pensionistas deben mantener su
poder adquisitivo y el elemento central para medirlo será "la
revalorización anual de las pensiones en base al IPC real". Esto quiere
decir, ha expuesto el diputado de Compromís, Ignasi Candela, que las
prestaciones no deben perder capacidad de compra respecto a los precios al
acabar el año.
Pero si el principio de acuerdo es muy amplio —solo ERC está
pendiente de darle su visto bueno— la interpretación del texto que concita ese
consenso amplio no lo es tanto. No es extraño. Las recomendaciones del Pacto de
Toledo son líneas básicas que, una vez cerradas, dejan mucho margen a
diferentes lecturas que el Gobierno debe concretar: primero en las
negociaciones con los agentes sociales y, posteriormente, otra vez en el
Congreso, durante la redacción definitiva del texto legal. En esta ocasión las
propias palabras del acuerdo abren la puerta a interpretaciones
contradictorias.
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