LA DESORBITADA subida que ha experimentado el recibo de la luz en los peores años de la crisis vuelve a poner de manifiesto que los ciudadanos son los paganos de las ineficiencias de la economía española y en este caso, del sector de la energía. Entre 2008 y 2014, la factura eléctrica se encareció en España el doble que en el resto de la Unión Europea, según un informe del que nos hacemos eco hoy elaborado por un investigador de The Oxford Institute for Energy Studies. La consecuencia de este incremento es dramática, puesto que mientras los españoles se sometían a una devaluación salarial sin precedentes para que el país ganara competitividad, el coste de la energía se comía buena parte de ese esfuerzo. Ello por no hablar del golpe que ha supuesto para el bolsillo de los hogares afrontar este encarecimiento.
Sin embargo, más allá de los efectos perniciosos en las economías domésticas y la competitividad de las empresas, resulta muy alarmante que detrás de la subida se escondan los costes regulatorios. Las conclusiones de este informe ponen de manifiesto que abaratar el recibo de la luz será una tarea ineludible del Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre.
Para entendernos, el recibo de la luz se compone de varios elementos: el coste de la energía (que lo dicta el mercado), los impuestos (el IVA y el de la electricidad) y los peajes regulados (redes y política energética). Estos últimos son los que han hecho que la factura eléctrica de los españoles haya pasado de ocupar el undécimo puesto de las más caras de la UE a la cuarta posición en tan sólo siete años, según el citado informe. Pero si echáramos la vista más atrás es probable que el balance fuera todavía peor, ya que esta imparable escalada de la luz viene arrastrándose desde 2004.
España lleva años siendo víctima de una política energética errática que, al final, están pagando los consumidores (hogares y empresas). El Gobierno de José María Aznar se equivocó al permitir el llamado déficit de tarifa y el de José Luis Rodríguez Zapatero al hacer una apuesta osada y poco realista por las energías renovables.
Hay que reconocer que el actual ministro de Industria ha sido capaz de acabar con el déficit de tarifa (2015 será el segundo año consecutivo en que el sistema logre un superávit) y arreglar en buena medida el desaguisado de las energías verdes que heredó de su predecesor. Sin duda, son dos logros de la legislatura que está a punto de terminar. Pero, José Manuel Soria dejará su cartera sin resolver el problema de fondo: España sigue sin contar con un modelo energético sólido y una competencia sana en el sector eléctrico que en última instancia, permita a los usuarios pagar un precio razonable por un bien de primera necesidad como es la luz.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tratado de abordar tarde y mal el alto coste de las tarifas eléctricas. Con la mirada puesta en las elecciones generales, el Consejo de Ministros aprobó el pasado julio forzar una bajada del 2,2% del recibo retocando los costes regulados. Pero si se tiene en cuenta que esos peajes gubernamentales se han disparado un 70% en estos años de crisis, ese descuento es a todas luces insuficiente.
El recibo de la luz no puede seguir financiando (a través de los costes regulados) las ayudas al carbón, las renovables o la insularidad, ni pagar los seguros eléctricos de la gran industria. Para las subvenciones que sea imprescindible mantener están los Presupuestos Generales del Estado. El resto deben suprimirse.
Los hogares españoles pagan una media de 130 euros cada dos meses por el consumo eléctrico. De esa cuantía, unos 60 euros se destinan a financiar las citadas políticas.
Es preciso impulsar una tarificación menos compleja y más transparente. En España y en la UE. No en vano, el informe también recuerda que en los años de crisis, el precio de la luz para las familias europeas creció el 34% frente al 18% en EEUU. Europa también tiene pendiente impulsar un modelo energético común y competitivo.
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