El Gobierno quiere aliviar a las empresas la factura laboral
que se pueda derivar del coronavirus. Este martes el Consejo de Ministros
aprobó un decreto ley por el que la Seguridad Social considerará accidente
laboral y no enfermedad común las bajas de afectados o por cuarentenas
forzosas. Esto reduce el coste a las empresas y concede prestaciones más altas
a los trabajadores. Además, ultima una moratoria en las cotizaciones para
sociedades y autónomos de las zonas más afectadas. Esta medida probablemente verá
la luz el jueves, así como los mecanismos de la conciliación de los padres por
la suspensión de clases en regiones como Madrid o La Rioja.
El cambio favorece a las empresas y a los trabajadores, y
carga de más gasto a las arcas de la Seguridad Social. Cuando un trabajador
sufre un accidente laboral, cobra la baja desde el día siguiente y la
prestación equivale al 75% de la base reguladora (el indicador que utiliza la
Seguridad Social para calcular las ayudas y que es algo menor que el salario).
Además, ese coste lo asume desde el primer momento la Seguridad Social o la
mutua colaboradora correspondiente con las cotizaciones sociales que gestiona.
En cambio, si un trabajador cae de baja por una enfermedad común, pierde su
sueldo durante los tres primeros días, entre el cuarto y el decimoquinto la
empresa le paga un 60% de la base reguladora, y desde el dieciseisavo se hacen
cargo las arcas públicas.
No será la única medida que busca aliviar la carga a las
empresas. La Seguridad Social, además, ultima una moratoria de tres meses para
el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores
autónomos de las zonas más afectadas por la epidemia (Madrid, La Rioja y áreas
del País Vasco). La medida, en principio, iba a aprobarse esta mañana, pero
quedó pendiente hasta el Consejo de Ministros extraordinario del jueves. La
moratoria, en principio, consiste en dar un año de plazo para que quienes se
acojan a ella paguen las cuotas sin intereses ni recargos.
Para conocer los detalles de las demás medidas que prepara
el Ejecutivo, habrá que esperar al jueves. “Vamos a adoptar medidas que
atiendan la realidad social de las familias”, declaró la ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en relación con la suspensión de
las clases en los colegios de Madrid, Rioja y Vitoria. La medida que el
Gobierno está preparando sobre este aspecto es la más esperada después de que se
anunciara el lunes en Madrid y Vitoria y este martes en La Rioja.
Tanto este mecanismo como otros para afrontar la situación
se están cerrando estos días en diferentes departamentos del Gobierno. En este
punto, fuentes del Ejecutivo apuntan que la vicepresidenta tercera y
responsable de la política económica, Nadia Calviño, está teniendo un papel
importante y será quien coordinará las medidas y vigilará que el gasto no se
disparare mucho.
Otro departamento que está desarrollando un papel
significativo es el Ministerio de Trabajo, donde el lunes por la mañana hubo
una reunión con técnicos de los sindicatos y los empresarios, apuntaron fuentes
del diálogo social, que señalan que existió un alto grado de consenso. Allí se
abordaron algunas de las medidas que los sindicatos CC OO y UGT pusieron sobre
la mesa y han publicado. Una de ellas es una prestación extraordinaria “de
carácter excepcional y temporal” para lo padres que no puedan acudir al trabajo
para cuidar de sus hijos por el cierre de centros escolares.
Además de esta ayuda, las centrales de trabajadores
reivindican bastantes más medidas. La primera es “un fondo de ayuda
extraordinario” y “un decreto ley que articule un conjunto de medidas laborales
y de Seguridad Social que den garantías jurídicas a las empresas y los
trabajadores”. Ese fondo tendría que sufragar, entre otros costes, la ayuda
para que los padres puedan conciliar.
De él también saldrían los recursos necesarios para
compensar a los trabajadores que estuvieran de baja o afectados por
suspensiones temporales de contratos (ERTEs) y que siguieran percibiendo el
100% de su sueldo. También reclaman que la prestación por desempleo que cobran
los empleados incluidos en ERTEs no consuma el derecho a percibir una ayuda si acabaran
definitivamente en el paro más tarde. Esta petición está en línea con el primer
anuncio que ya hizo de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la semana pasada.
Del lado empresarial no han trascendido sus demandas al
Ejecutivo. No obstante, fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que
entre las peticiones que están formulando al Ejecutivo reclaman que se agilicen
los periodos de negociación en los ERTEs y los trámites necesarios,
especialmente para las empresas más pequeñas.
Todos estos puntos estarán sobre la mesa el jueves, cuando
“el propio presidente se reúna con los agentes sociales para analizar
conjuntamente un plan de choque sobre medidas económicas con el que venimos
trabajando en las últimas semanas”, señaló Montero en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros. La intención final es “minimizar el impacto
en el conjunto de la economía y evitar la destrucción de empleo o que algunas a
empresas tuvieran la tentación de hacer un ERE o despidos que no fueran
deseables”, apuntó la portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del
Gabinete.
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