Es miércoles y acaba de comenzar una copiosa comida de trabajo en un restaurante madrileño. Luego volverán a sus oficinas, donde sus subordinados les esperan para comenzar la segunda parte de su dilatada y partida jornada laboral. A las ocho y media o nueve llegarán a casa, justo a tiempo para cenar.
Esto es España, y es también una rareza en un entorno de países en los que trabajar de nueve a cinco (o a tres) es la norma y en los que la eficiencia y el trabajo por objetivos prima sobre la cultura del presencialismo. En España, no. Las eternas y rígidas jornadas laborales que arrastramos de la posguerra perviven en un mundo en el que las tecnologías permiten trabajar a distancia y en el que cada vez más hombres y mujeres aspiran a compartir la crianza de los hijos. Expertos, políticos, no pocos empresarios y sobre todo los trabajadores coinciden en que es necesario un cambio radical. Que nuestra forma de trabajar no es buena para nuestra salud y además ni siquiera es más productiva.
Pero, si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no sucede?
La inercia y una tozuda resistencia por parte de una generación de líderes empresariales chapados a la antigua es parte de la explicación. Pero también la falta de empuje de sucesivos Gobiernos que no acaban de darle prioridad a un asunto que afecta de lleno a la productividad del país y al bienestar de sus ciudadanos. En esta legislatura, la iniciativa para la reforma horaria ha encallado en el Congreso de los Diputados. La de los horarios es una revolución pendiente.
La jornada partida y retrasada respecto al sol es fruto de circunstancias históricas. España equiparó su hora a la de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como hicieron otros países. Y, terminada la contienda, España no volvió a su horario original. La posguerra y la necesidad del pluriempleo fomentaron además tener un trabajo por la mañana y otro por la tarde. El resultado es un desfase horario que aún arrastramos. Al retraso horario se le añade una cultura del trabajo poco eficiente, según se desprende de los datos de la OCDE, que indican que en España se trabajan más horas que en el norte de Europa, con mayor productividad.
Cierta presión social logró que el asunto de los horarios llegara en 2012 al Congreso de los Diputados. Por la subcomisión para la racionalización de los horarios, la conciliación y la Corresponsabilidad desfilaron durante un año académicos, empresarios, sindicalistas y activistas. En otoño de 2013, vio la luz un texto que logró un consenso casi total y en el que se pedía “emprender iniciativas legislativas que nos encaminen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los países de la Unión Europea”. Concluyeron además, que con un horario europeo se observa “una clara mejora de la productividad y una reducción del absentismo”.
En concreto, se exigía incentivar a las empresas para que mejoren su horario y fomenten el trabajo por resultados frente al presencialismo. Se pedía también adelantar el prime time televisivo, sincronizar el reloj con el meridiano de Greenwich o lograr de forma progresiva una salida máxima del trabajo a las 18 horas. Pidieron además inspecciones de Trabajo que controlen el cumplimiento de los convenios y la creación de bancos de horas para poder acumular y compensar horas.
El Gobierno debía llevar el documento al pleno del Congreso, algo que no ha sucedido, y el texto lleva más de un año guardado en un cajón, como confirma Carmen Quintanilla, presidenta de la subcomisión, del Partido Popular: “Cualquier cambio horario tiene que hacerse a través de un estudio económico para ver si compensa. Ese estudio todavía no se ha encargado. Al presidente Rajoy le preocupa mucho este tema, pero con la crisis ha habido que tomar otras medidas urgentes. Ha sido una legislatura muy dura y no queríamos abrir más debates. Esperamos poder hacerlo en la próxima”.
Lourdes Ciuro representó a CiU en la subcomisión y sostiene que “hay que concienciar desde lo público”. “Quien legisla tiene un plus de responsabilidad, pero nadie le pone el cascabel al gato”, opina. “La regeneración y la transparencia también son esto, que los trabajos [de la subcomisión] no queden reducidos a papel mojado. Se escudan en que hay crisis, pero cuando no la había tampoco avanzábamos”. Ciuro defiende que las Administraciones primen en la contratación pública a las empresas con horario europeo y que se ofrezcan bonificaciones a la contratación por turnos
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