La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PP y
Ciudadanos, han aceptado el inicio de la tramitación en el Congreso de la
proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos
mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una
iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CCOO y UGT. Asimismo el
Congreso ha aprobado, con el voto en contra del PP, que los ministerios cierren
a las seis.
El Pleno de la Cámara Baja ha votado a favor de la toma en
consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de
700.000 firmas, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo del
PP y Ciudadanos, con lo que se podrá iniciar su tramitación y abrir un periodo
de enmiendas. De hecho, el pleno ya aprobó en diciembre una moción del PSOE que
reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.
Los sindicatos se reunieron el lunes con Unidos Podemos y el
martes con el PSOE, PNV, Bildu y PDECat, que en todos los casos adelantaron su
respaldo a la tramitación de la propuesta, especialmente los socialistas, que
defenderán la iniciativa durante el debate de la toma en consideración.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y
de UGT, Pepe Álvarez, asistirán al debate de la iniciativa tras haberla
defendido hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso y garantizar
que la aprobación de la renta mínima es "asumible".
Requisitos y cuantía
La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos
mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se
prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos
y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.
En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener
entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir
prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros
anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad
familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una
dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las
cargas familiares.
Para poder sufragar el importe total de la prestación se
necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB,
mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se
situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.
Las posturas de los grupos
Desde los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista han
apoyado desde el principio la creación de una renta mínima para personas sin
ingresos propuesta por los sindicatos. De hecho, este planteamiento ya iba en
el programa electoral socialista y el PSOE, que defenderá la iniciativa en el
pleno, tiene la intención de que se incremente la prestación por hijo a cargo
durante la tramitación de la ley.
Por su parte, desde Unidos Podemos ya anunciaron que
respaldarían la iniciativa, pero presentarán enmiendas. Para la formación
'morada' la renta debería alcanzar los 600 euros mensuales, y conforme al Plan
de Rentas que presentó en 2015, debería haber una "complementaria"
para los trabajadores que tengan sueldos inferiores a los 900 euros, lo que en
conjunto afectaría a 7,8 millones de personas y costaría alrededor de 15.000
millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB.
A su vez, el PDECat ha mostrado también su apoyo a la
iniciativa aunque ya anunció que presentaría enmiendas parciales relacionadas
con la cuantía de la prestación.
De su lado, el PP rechazará la toma en consideración de la
ley al ser económica y políticamente "inasumible", a lo que se suma
que, a su juicio, una renta así podría "desincentivar" la búsqueda de
empleo.
En esta línea, el grupo parlamentario de Ciudadanos tampoco
apoyará la creación de esta prestación de ingresos mínimos porque supone el
elevado coste que supone, que considera que no se puede financiar en estos
momentos, y pidió "no hacer políticas públicas basadas en
ocurrencias".
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