El máximo responsable de la Seguridad Social, Octavio
Granado, desplegó ayer en Santander las recetas básicas para que la Seguridad
Social sea capaz de abandonar los números rojos y seguir haciendo frente al
pago de más de 9,7 millones de pensiones contributivas. Aunque la afiliación
acaba de marcar un nuevo récord con más de 19,5 millones de cotizantes, los
ingresos son manifiestamente insuficientes para cubrir unos gastos en
prestaciones que están creciendo a una tasa interanual superior al 5%.
El secretario de Estado de la Seguridad Social llamó la
atención sobre la necesidad de que los salarios suban con fuerza, al tiempo que
apostó por compensar el progresivo envejecimiento poblacional con políticas de
Estado reales de apoyo a la natalidad y una llegada “razonable” de inmigrantes.
“Los salarios son
todavía insuficientes, por los últimos coletazos de la reforma laboral”,
remató, minutos antes de inaugurar el curso La Seguridad Social ante la
digitalización y la jubilación del ‘baby boom’: claves para su sostenibilidad
financiera y social. El secretario de Estado aseguró que se está haciendo un
gran “esfuerzo” para aumentar el volumen de las cotizaciones, pero avisa de que
habrá que mantenerlo en los próximo años para pagar “mejores pensiones”.
Granado ha apoyado con insistencia que la remuneración de
los trabajadores “aún no ha salido de la crisis”, de la misma forma que la
ocupación –al menos por lo que respecta a cotizantes medios de la Seguridad
Social– sí que se ha recuperado. Según datos recientes del INE, en el 2017 el
precio de la mano de obra está aún por debajo del registrado en el 2008, justo
antes del estallido de la Gran Recesión.
De momento, mientras se crea empleo a un ritmo del 2,6%, el
incremento de las cuota en los seis primeros meses del año es del 8% –impulsado
por el SMI de 900 euros, el alza de las base máximas, más puestos de trabajo y
la mejora de los salarios –. Sin embargo, este empuje en las cotizaciones
apenas puede mitigar un déficit que en el 2018 continuaba cercano a los 19.000
millones de euros, porque el gasto sigue aumentando, gracias a las prestaciones
más elevadas de los nuevos jubilados y a la decisión de volver a actualizar las
pensiones con la inflación. Los ingresos han de aumentar, insisten desde la
Seguridad Social. En Santander, Granado se inclinó por implantar “fórmulas
flexibles” de cotización que respondan a nuevas situaciones en el mercado de
trabajo como la irrupción de la economía de plataformas y la posibilidad de
compatibilizar actividad profesional con jubilación.
Además del mensaje a los empresarios para que suban los
salarios, Granado apuntó a la inmigración como garante de la estabilidad
financiera de la Seguridad Social, en un país con una pirámide poblacional
“descompensada”. Y aprovechó para cargar contra los discursos que buscan cerrar
las fronteras: “Seguimos necesitando tener inmigración y los que quieren
defender a los pensionistas y a la vez quieren oponerse a que tengamos una
política razonable de inmigración están engañando a la ciudadanía”. El
secretario de Estado también recordó que el fomento de la natalidad se logra
combatiendo la precariedad laboral e implantando políticas públicas de apoyo a
la familia. En la actualidad, la Seguridad Social cuenta con 2,15 millones de
afiliados extranjeros, un colectivo que aumenta a un ritmo del 7,5% interanual
y ya supera niveles precrisis.
Junto a estos cambios, la reforma del sistema de pensiones
depende del nuevo mapa político. Una vez superado el enrevesado paso de la
conformación del Gobierno, los partidos con representación parlamentaria
deberán afrontar, entre otras cuestiones pendientes, la búsqueda del
entendimiento en el pacto de Toledo. Parte de los problemas financieros del
sistema público de protección social, defendió el número dos de Magdalena
Valerio, tiene que ver con un debate ya planteado en la anterior legislatura en
la comisión parlamentaria del pacto de Toledo: qué gastos ahora asumidos por la
Seguridad Social han de pasar a correr a cargo de los presupuestos generales
del Estado. Granado señaló en concreto las prestaciones familiares y la de
viudedad.
Respecto al uso de préstamos para hacer frente al abono de
las pagas extra, el secretario de Estado destacó que el primer semestre “había
sido mejor de lo que habíamos previsto”. Para la extraordinaria de verano,
Trabajo usó 7.500 millones de euros, la mitad del crédito del Tesoro Público
concedido para el año y evitó mermar todavía más la depauperada hucha de las
pensiones. “El devenir del año no se nos antoja excesivamente problemático”,
opinó Granado.
Sin cambios normativos ni consensos políticos, las cuentas
de la Seguridad Social, de momento, seguirán en rojo.
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