El Congreso de los Diputados aceptó este martes empezar a
tramitar una proposición de ley del PSOE para modificar el Estatuto de los
Trabajadores y obligar a todas las empresas a que sus empleados fichen para que
afloren las horas extra que, en la actualidad, no se pagan. De aprobarse la
iniciativa, todos los trabajadores tendrían que fichar y las compañías estarían
obligadas a conservar esos registros por cuatro años a disposición de la
Inspección de Trabajo.
La iniciativa se tomó en consideración con los votos de
PSOE, Unidos Podemos y PNV, entre otras formaciones. PP y Ciudadanos se
abstuvieron. El resultado final de la votación fue de 157 votos a favor y 164
abstenciones. No se registró ningún voto en contra.
La socialista Rocío de Frutos defendió que la propuesta del
registro de jornada es una "iniciativa sencilla que mejora la vida de la
gente" y apuntó que no se puede hablar de "trabajo decente" si
el trabajador no dispone de "un instrumento para probar las horas que
trabaja", "cobrar por lo que trabaja" y "cotizar por lo que
cobra". "Pensamos que todos los grupos pueden estar confirmes con
esto", agregó la diputada del PSOE.
También votó a favor Unidos Podemos, cuyo diputado Alberto
Rodríguez denunció que "cada semana" se trabajan 3,5 millones de
horas extra "que no se cobran". "Esto es inconstitucional, pero
no veo a ningún patriota poner el grito en el cielo, y deberian hacerlo",
denunció Rodríguez, que agregó que la falta de control horario implica menores
salarios, pérdida de empleo y un "fraude gigantesco" a la Seguridad
Social.
El PP se abstuvo, y por boca de su diputado Carmelo Romero
criticó duramente que la iniciativa del PSOE hable de los derechos de las
"trabajadoras". "Yo no sé si es un lápsus o no, pero en su
propuesta elimina a los trabajadores masculinos para quedarse sólo con las
féminas. A eso lo llamo limitar los derechos de los trabajadores. ¿Qué
pretenden, eliminar todos esos derechos a los trabajadores masculinos?",
se preguntó Romero.
El diputado del PP también consideró que la iniciativa
podría llevar a un "sinfín de pleitos en el ámbito jurisdiccional" y
que "olvida nuevas realidades", como el teletrabajo. Haciendo
nuevamente referencia a la redacción de la iniciativa, que habla de "personas
trabajadoras", Romero opinó que dejar a las mujeres fuera de esas nuevas
realidades del mercado laboral supondría "restarles derechos" y
hacerles "un flaco favor".
Ciudadanos también se abstuvo, pues comparte "los
motivos" y "el fondo" de la iniciativa, pero no "la
forma", según expresó su diputado Sergio del Campo que, entre otras
cuestiones, advirtió de que la propuesta de un registro de jornada no se ajusta
a realidades como el trabajo no presencial o el trabajo a distancia, o a sectores
como el comercio. Del Campo opinó que las empresas deberían poder elegir cómo
controlar el horario de los trabajadores.
En su exposición de motivos, la iniciativa socialista
destaca que las horas extra no remuneradas se han convertido "en una
realidad cotidiana y generalizada", lo que incide en la
"precarización del mercado del trabajo" al afectar a "dos
elementos esenciales", como son el tiempo de trabajo y el salario. Además,
prosigue el texto, se dificulta "la conciliación familiar" y se
produce una merma de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El PSOE considera que la "flexibilidad horaria no se
puede confundir con la relajación de las normas sobre jornada máxima y horas
extraordinarias", y que no es admisible invocar esa flexibilidad para
"perjudicar los derechos de las personas trabajadoras mediante
prolongaciones indebidas de jornada, tal como está ocurriendo a partir de la
reforma laboral del Gobierno del Partido Popular", aprobada en 2012.
Según el PSOE, "el 56% de las horas extra realidazas el
pasado año no se retribuyeron", porcentaje que era del 39% en 2008.
Además, según un cálculo realizado por organizaciones sindicales que también se
cita en la exposición de motivos de la proposición de ley, esas horas extra se
podrían traducir en la creación de 326.836 nuevos empleos en España.
De aprobarse definitivamente la proposición de ley, que
volverá al Pleno tras la presentación de enmiendas, el horario de entrada y de
salida de cada trabajador se registraría cada día, y las compañias estarían
obligadas a conservar todos los datos durante cuatro años. Además, la duracion
de la jornada no podría exceder las 40 horas semanales de media anual.
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