La lupa de la ley española vuelve a apuntar a Amazon. Tras
los conflictos laborales en su centro de San Fernando de Henares (Madrid) y las
acusaciones que recibe por su baja tributación, el gigante del comercio
electrónico se enfrenta ahora a las acusaciones de los empresarios del sector
de la logística y transporte de utilizar "repartidores pirata" en su
servicio Amazon Flex.
"Hay indicios de que no se están cumpliendo las
normas", afirma Francisco Aranda, secretario general de la Organización Empresarial de Logística y
Transporte (UNO). Esta organización ha aprobado solicitar a las diferentes
administraciones públicas que garanticen el cumplimiento del marco legal a
todas las empresas que para su actividad realizan o subcontratan reparto de
mercancías, tras un encuentro con los encargados de realizar esta inspección y
los representantes sindicales del sector.
Pero Amazon se defiende de estas acusaciones.
"Cumplimos todas las leyes que aplican en las comunidades y sectores donde
operamos. Las afirmaciones recientes que sugieren lo contrario parecen estar
desinformadas", se defiende la compañía de esta acusación.
Con el servicio de Amazon Flex, la compañía ofrece a
aquellos particulares, que están dados de alta como autónomos, que puedan
ejercer de repartidores con su propio vehículo y colaborar con la plataforma.
“Se está permitiendo una flagrante competencia desleal que puede llevarse por
delante muchos miles de puestos de trabajo con garantías que se han creado en
nuestro país”, afirma Francisco Aranda.
Se estará permitiendo una flagrante competencia desleal que
puede llevarse por delante muchos miles de puestos de trabajo"
Los representantes del sector ponen el foco en las colas de
vehículos particulares que se producen en las plataformas logísticas de estas
empresas y que, según la normativa vigente, no son aptos para la realización de
servicios de transporte de mercancías; así como de personas sin vinculación
laboral con la empresa y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas
para la realización de dicho tipo de transporte.
La patronal señala que se está incumpliendo la normativa
laboral que regula al sector, ya que toda prestación de servicios de transporte
o mensajería realizada con habitualidad y en vehículo de menos de 2.000 kilos
de Peso Máximo Autorizado (PMA) es considerada como laboral. "Incluso, en
algún reportaje se dice que se ha llegado a ver a menores en los vehículos, lo
cual atentaría a la más básica recomendación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) relativa al trabajo infantil", indican.
Por lo tanto, no es legal de ninguna forma hacer reparto en
coches particulares. “No estamos a favor de precarizar esta actividad y de
introducir la explotación laboral en el reparto de mercancías. Es más, si se
permite este tipo de actuaciones a unas empresas queremos saber por qué a los
demás se nos exige cumplir con la normativa favoreciendo un doble marco
normativo que atenta a la libre competencia”, apuntan desde UNO.
El sector indica que estas prácticas, de confirmarse, podrían
suponer no sólo un incumplimiento flagrante del marco legal, tanto
administrativo como laboral, existente en España y que todas las empresas del
sector están obligadas a cumplir, sino que también podrían significar prácticas
anticompetitivas introducidas bajo la excusa de la llegada de la
digitalización.
La organización empresarial de logística y transporte
sostiene que “somos ya un sector digital, por lo tanto estamos a favor de la
economía digital. De hecho, nuestras empresas hacen un uso intensivo de las
nuevas tecnologías como motores de competitividad y eficiencia, pero eso no
puede convertirse en una excusa para desregular el sector, precarizarlo y
convertirlo en una selva”.
Para ellos, la economía digital no puede basarse en recortar
derechos a los trabajadores, mediante prácticas que todas las demás empresas
están en condiciones de realizar pero que constituyen un claro fraude de ley.
“Las empresas tenemos el reto de generar beneficios económicos, pero al mismo
tiempo ser sostenibles desde el punto de vista laboral y medioambiental”,
concluyen.
Su objetivo ahora es mantener una reunión con Amazon para
debatir esta problemática. Y la compañía
afirma que aceptará esta propuesta. "Estamos dispuestos a reunirnos con
ellos para asegurarnos de que comprendan la realidad sobre Amazon Flex",
afirman en su comunicado. Un encuentro que puede frenar las intenciones de la
patronal de llevar esta situación por la vía judicial.
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