Las Entitats Catalanes d’Acció
Social (ECAS) presentarán los próximos días un informe sobre la aplicación de
la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), ocho meses después de la entrada en
vigor de una de las medidas más llamativas aprobadas por el Parlament de
Catalunya en la anterior legislatura.
Vino a sustituir y ampliar las
prestaciones de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), pero en todo este tiempo
tanto la lentitud en la resolución de las solicitudes (un 5% del total) como el
bajo índice de concesiones (solo 1500 nuevas prestaciones) han disparado las
alarmas de partidos políticos, entidades sociales y representantes de la
Comisión Promotora de la Renta Mínima, que exigen a la administración más
eficacia, más celeridad, más colaboración con los agentes implicados y una
interpretación más generosa de la ley que tiene, como objetivo, atender a las
familias en riesgo de exclusión.
Se abre también un debate sobre
la incidencia de la aplicación del artículo 155 en su implantación. Para unos
ha influido de manera negativa; para otros, es un problema que no debe
achacarse a la intervención estatal de la Generalitat y que, en cualquier caso,
debería estar por encima de disensiones políticas. Desde la Taula del Tercer
Sector se reclama al nuevo Govern que, con urgencia, desarrolle al completo las
medidas necesarias para desencallar un asunto de emergencia social. Es una
prioridad que el ejecutivo del 'president' Torra debe asumir sin dilación.
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