"El FMI da la bienvenida a una impresionante
recuperación económica, a una intensa creación de empleo y a una corrección
sustancial de los desequilibrios”. Con esta frase se iniciaba el último informe
del Fondo sobre la economía española, hecho público a finales de enero, en el
que volvía a reclamar, como lo suele hacer casi siempre, más reformas
estructurales, más subidas de impuestos y profundizar en la flexibilidad del
mercado laboral. Esta mañana le ha tocado el turno a la OCDE, que ha presentado
su informe España 2017, en el que los argumentos son muy similares a los del
FMI, aunque con un matiz: la organización dirigida por el mexicano Ángel Gurría
sí alerta sobre los efectos de una recuperación que ha incrementado la
desigualdad y la pobreza entre los españoles, en especial a través de la
devaluación de los salarios y de la generalización de los trabajos temporales y
a tiempo parcial. La recuperación de la economía española, en marcha desde
2013, ha sido una de las más sólidas de la OCDE. Es probable que se consiga un
ritmo de crecimiento económico superior al 2% anual en el corto plazo”, subraya
el informe, que apunta varios retos para los próximos años.
El primero es el de la corrección de la desigualdad. “La
crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más
visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad.
Es fundamental que España consiga incorporar a un mayor número de personas al
mercado de trabajo, pero también debe centrarse en la calidad del empleo para
asegurarse de que las ventajas del crecimiento se comparten en mayor medida
entre la población y para crear mejores oportunidades para las generaciones
futuras. El mercado de trabajo se caracteriza por contar con una elevada
proporción de trabajadores temporales, fundamentalmente jóvenes y empleados con
sueldos bajos. Los jóvenes y los trabajadores con baja cualificación son
quienes más sufren el desempleo, al tiempo que existen unos niveles muy
elevados de desempleo de larga duración. Estos factores corren el riesgo de
afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y
en la cohesión social”, remarca.
Como solución a este problema, la OCDE propone hacer
indefinida la exención del pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los
primeros 500 euros de salario de los nuevos contratados de forma indefinida.
“El Gobierno debería otorgar un carácter indefinido a este recorte de las
contribuciones a la seguridad social para las empresas, además de restringirlo
a los trabajadores de baja cualificación”, remarca el texto. Otro ámbito de
actuación es el de las políticas pasivas de empleo. En este capítulo propone
una revolución en el caso de la renta mínima de inserción, la prestación que
reciben aquellas personas que han dejado de cobrar el paro y no perciben otra
ayuda. Deben replantearse los programas para combatir la pobreza y hacerlos más
efectivos, y ha de incrementarse tanto su alcance como la cuantía de las
ayudas, en especial en el caso de familias pobres con niños. Y lo que es aún
más importante, las prestaciones deben estar estrictamente supeditadas a la
búsqueda activa de empleo”. También reclama que las prestaciones sociales para
los desempleados se retiren de forma gradual a medida que la persona se
incorpora al mercado de trabajo, en lugar de hacerlo por completo en el momento
en el que es dado de alta, “para que no se menoscaben los incentivos económicos
para trabajar”.
Al igual que el FMI, la OCDE incide en que una de las
prioridades en el mercado laboral es atacar la dualidad entre temporales e
indefinidos. Si bien considera que la reforma laboral de 2012 estuvo bien
encaminada, con la limitación de concatenación para los contratos temporales,
la rebaja de la indemnización para indefinidos y las bonificaciones para las
conversiones, el organismo presidido por Ángel Gurría constata que la
incertidumbre que rodea las decisiones tomadas por los tribunales laborales
sigue siendo elevada y muchas empresas siguen optando por aceptar desde el
inicio que el despido sea considerado improcedente aunque resulte más costoso.
“A pesar de la reforma, la proporción de los trabajos temporales con respecto
al conjunto del empleo se mantiene firme en torno al 25% y la duración de los
contratos es a menudo muy reducida”.
También apunta otra razón que justificaría esta dualidad.
“Los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo
significativamente más altos que los de un trabajador temporal. Tal y como se
recomendaba en el Estudio Económico de la OCDE de España de 2014, si existiera
una mayor convergencia en los costes de despido de los contratos indefinidos y
temporales, se podría reducir aún más la dualidad existente”.
El segundo eje del informe es el de la consolidación
fiscal. “Teniendo en cuenta que el nivel de deuda pública se sitúa en torno al
100% del PIB y el déficit sigue en valores cercanos al 5%, el margen de
expansión fiscal es limitado, de manera que las nuevas medidas de gasto deberán
tener un perfil fiscal lo más neutral posible”. Dicho de otra manera, que toda
medida de incremento del gasto debería ir acompaña de otra de aumento de los
ingresos.
Pero también existen posibilidades de elevar la recaudación
en el IRPF y en los impuestos medioambientales. En el primer caso apunta a que
la deducción por compra de vivienda habitual es un beneficio fiscal
“especialmente regresivo”, ya que tiende a beneficiar a los hogares con rentas
más elevadas y supondrá un coste de 1.200 millones para las arcas públicas este
ejercicio.
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