La economía sumergida en España asciende a 168.000 millones
de euros y la pérdida de recaudación que provoca es de unos 26.000 millones.
Esta es la conclusión a la que ha llegado el Consejo General de Economistas
(CGE), que hoy ha publicado el trabajo Reflexiones sobre el fraude fiscal y el
problema de las estimaciones, y en el que se revisan otras estimaciones que
habían llegado a cifrar la economía sumergida en más de 200.000 millones y la
pérdida de recaudación en casi 40.000 millones.
Los economistas, sin embargo,
consideran que estas cifras son incorrectas ya que incluyen duplicidades e
incorrecciones que, si se ajustan, evidencian que la economía sumergida alcanza
los citados 168.000 millones y representa cerca de un 16% del Producto Interior
Bruto (PIB).
Asimismo, "si se depura esta cifra de los tributos que sí
satisface la economía sumergida o de los que nunca pagarían esos contribuyentes
sumergidos por razones de subsistencia, el importe [de recaudación perdida]
podría reducirse a una cifra cercana a los 26.000 millones", expone el
Consejo General de Economistas.
En el trabajo, los expertos del CGE también han
elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las
que se encuentra mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias,
instruyendo expedientes administrativos "más sólidos" y facilitar las
regularizaciones "espontáneas" de acuerdo con el régimen general
previsto en la Ley General Tributaria para las declaraciones que se presentan
fuera de plazo, según informa Europa Press.
Valentín Pich, presidente del
Consejo, ha señalado que "en el fraude fiscal inciden aspectos
inmateriales como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el
ejemplo de los responsables políticos, y otros más tangibles como la fortaleza
de las agencias tributarias o la claridad normativa", entre otros
aspectos.
Por otra parte, el CGE también ha presentado un
informe sobre el Impuesto de Sociedades en el que señalan que la recaudación a
través de esta figura en 2016 ascendió a 21.678 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior "a costa de la
subida importantísima en pago fraccionados en grandes y medianas
empresas". Además, la cifra todavía está muy lejos del máximo alcanzado en
2007, cuando se recaudaron 44.823 millones, esto es, más del doble que en 2016.
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