La Comisión Europea duda de que el complemento salarial o
“ayuda directa” de 430 euros al mes para los menores de 30 años sin titulación
que vayan a ser contratados sea eficaz. El Gobierno español y Bruselas han
debatido “en varias ocasiones” en 2017 sobre la última medida presentada por
Moncloa para luchar contra el paro juvenil. En esas conversaciones, el
Ejecutivo europeo exige “pruebas de la efectividad potencial de las medidas”,
según una respuesta al Europarlamento de la comisaria Marianne Thyssen. El
Ministerio de Empleo admite que ya han respondido en dos ocasiones y aun así
quedan “observaciones” pendientes de respuesta, pero subraya que la
financiación comunitaria está concedida. Bruselas, sin embargo, no termina de
dar luz verde.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el portavoz económico
de Ciudadanos, Toni Roldán, presentaron el 21 de junio —en una inusual
comparecencia conjunta— la ayuda mensual de 430 euros durante 18 meses para
menores de 30 años sin formación inscritos en la de Garantía Juvenil europea
que sean empleados con un contrato de formación. Pero el lenguaje usado por
ambos era muy diferente. Roldán habló de “complemento salarial naranja”, en una
versión reducida de una medida de su programa electoral. Báñez no mentó la
palabra “complemento”. La ministra tiene buenas razones para evitar cualquier
referencia a los citados complementos: Bruselas asegura que la Garantía Juvenil
“no prevé la financiación de complementos salariales”, según la tajante
respuesta de Thyssen al eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez.
En plata: Bruselas no asume pagas —tanto si se abonan
directamente como si son descuentos en el IRPF— que abaraten sueldos y los
compensen. Para lograr que la medida entrara en la Garantía Juvenil y tuviera
la financiación que conlleva —más del 90% se pagaría con dinero europeo—,
Empleo ha maniobrado en Bruselas y alude en todo momento a “subvenciones de
acompañamiento”: ni rastros de los complementos. Así, Madrid trata de sortear
los recelos de Bruselas: sería una ayuda de 430 euros, que se sumará al sueldo
pero no podrá ser inferior al convenio o al salario mínimo.
Resuelto ese escollo, Thyssen exige “pruebas de la
efectividad potencial de las medidas” y ha hecho una serie de “observaciones
acerca de diferentes elementos que deberían ajustarse”. “Estamos esperando una
respuesta”, aclara una portavoz de su departamento. No da más detalles: “Las
conversaciones entre la Comisión y los estados no son públicas”, según las
fuentes consultadas en Bruselas. La respuesta parlamentaria también advierte de
que vigilará la implantación “de cualquier nueva medida [...][...] y del
seguimiento de la aplicación de la Garantía Juvenil”. No dice una palabra sobre
si ya se ha dado luz verde a la financiación.
El europarlamentario Sergio Gutiérrez
recuerda que Europa ya ha cuestionado la gestión española de la Garantía
Juvenil, que destina a España casi 1.000 millones.
Aunque la “ayuda complementaria” sea asumida por Bruselas,
España tendrá que adelantar el dinero. Los presupuestos de este año contemplan
una partida de 500 millones negociada con Ciudadanos. Pero como la medida no ha
salido aún adelante, es probable que sobre dinero: eso ya sucedió con la ayuda
para los parados de larga duración (en 2016 sobraron 60 millones de los 350
previstos), pese a que ambos tipos de paro (juvenil y larga duración) son
señalados por los organismos internacionales como el gran problema del mercado
laboral.
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