SUBIDA SALARIAL 2017

No son pocas las voces que han reclamado públicamente durante las últimas semanas una subida armónica y progresiva de los salarios para sostener el crecimiento de la economía. La ministra Fátima Báñez ha “instado” a que los agentes sociales acuerden una subida salarial, en consonancia con los tiempos de crecimiento que, como parece lógico, deberían extenderse a los asalariados. Es evidente que la ministra Báñez y el Gobierno al que representa tiene más recursos que la “instancia” para impulsar un acuerdo de esa naturaleza desde la trastienda. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha dado pruebas de madurez cuando ha reconocido que hay en España demasiada gente con salarios bajos y que debería llegarse a un acuerdo para elevar las retribuciones más bajas incluso por encima del máximo del 2,5% que propone la patronal para 2017. Es una buena noticia, aunque quizá de limitado alcance, que los empresarios sean conscientes de la precariedad salarial en España y que propongan soluciones para resolverla.

La estructura salarial española refleja una precariedad preocupante que sin duda se ha acentuado desde la crisis por efecto de la llamada reforma laboral. La vuelta de la economía española al crecimiento se ha sustentado sobre tres factores básicos: un descenso acusado de las rentas salariales, cuya principal característica es una precarización de los jóvenes, de las mujeres y de los estratos menos cualificados; un rebrote del turismo, que ha favorecido la extensión de la precariedad laboral, y las ventajas derivadas de la política de dinero a tipo cero o la caída del petróleo. El primer factor es muy preocupante. Cuatro de cada diez trabajadores perciben menos de 1.290 euros mensuales y más del 12% no llegan a los 650 euros mensuales.

Con esta estructura de retribuciones salariales resulta muy difícil sostener tasas de crecimiento a medio plazo que estén fundadas en algo más que el consumo de productos perecederos o de mera supervivencia. La necesidad de cerrar un acuerdo de negociación colectiva para 2017 con subidas salariales generalizadas, relacionadas con la productividad, con mejoras más acusadas para las rentas más bajas, se justifica sobradamente con la exigencia de que los salarios se incorporen a las expectativas creadas por el crecimiento. Pero el argumento de fondo es de más largo alcance: solo la estabilidad en el empleo y unas retribuciones más altas permitirán sostener la reactivación de la economía con decisiones de demanda a medio y largo plazo. En resumen, nadie puede comprar un bien duradero con un salario que no llega a los 800 euros mensuales.

Es crucial que el Gobierno y los agentes sociales (sobre todo la patronal) hayan captado las pésimas consecuencias de una política de rentas precaria y desequilibrada, porque las ventajas a corto plazo comprometen gravemente el medio y largo plazo; también es importante que lo expongan públicamente. Pero no basta con decirlo; hay que actuar en consecuencia y cerrar un acuerdo salarial que permita a los trabajadores una recuperación paulatina de su poder adquisitivo.