A pesar de llevar un
par de meses organizando jornadas con clientes sobre el registro horario y
redactando documentos con recomendaciones y advertencias sobre cómo implantarlo
(obligatorio desde el 12 de mayo), a los grandes bufetes parece haberles
atropellado este asunto. "Lo estamos mirando", responden esquivos la
mayoría de ellos cuando se les pregunta cómo lo llevarán a cabo internamente.
La medida, en todo caso, suscita el rechazo frontal de sus
cúpulas. Hace diez días, en la inauguración del XII Congreso de la Abogacía,
los socios directores de seis grandes despachos nacionales reclamaron al
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Colegio de Madrid (ICAM)
que se implicaran en frenar su aplicación en el sector. La noticia publicada
por CincoDías causó un gran revuelo. A través de las redes sociales, el
Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social respondía que el registro
"afectará a todos los trabajadores".
El control horario de los abogados plantea innegables
dificultades técnicas (jornadas irregulares, desplazamientos, llamadas de
clientes a deshoras...). Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de
complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es
porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites
legales. "Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario",
resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa
regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo
conlleva plena disponibilidad.
Es evidente que no todos los abogados con jornadas
interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones
(también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el
sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u
80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El
sistema es duro y competitivo pero, en términos económicos y de prestigio
profesional, la recompensa es grande.
Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el
hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los
despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo.
"El sistema premia a quien echa más horas", explica otra fuente.
"De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para
cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para
facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez". Según ha podido saber
este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están
conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva
exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza
porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de
que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la
ley.
No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya
cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los
timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del
cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los
casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que
marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información
sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el
instrumento que se emplee como registro.
Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también
hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el
registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no
obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados
sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es
incompatible "con la naturaleza y características especiales" de la
profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de
los Trabajadores. "Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra
exceptuar los mecanismos para evitar abusos", explica un letrado.
En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la
Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al
contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva). "Hay una especie de
pacto de no agresión. Si alguien denuncia, sí tienen obligación de investigar,
pero si no, dudo mucho que se presenten en una gran firma", asegura, por
su parte, otro laboralista. El temor a quedar señalado por denunciar a tu
organización es un riesgo que muy pocos profesionales (en especial, los jóvenes)
se atreven a correr.
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