En el año 2021 todos los funcionarios y funcionarias de la
Administración del Estado tendrán derecho a 16 meses de baja por hijo. Gobierno
y sindicatos –CC.OO, UGT, CSIF y CIGA- han alcanzado este lunes un acuerdo
"histórico" que equiparará el permiso de paternidad (de cinco
semanas) de los funcionarios al de maternidad, de forma progresiva: en 2019 se
aumentará a 8 semanas, en 2020 subirá a 12 semanas y en 2021 se igualará a las
16 semanas del actual permiso de maternidad.
Así lo ha anunciado la ministra de Política Territorial y
Función Pública, Meritxell Batet, en una firma con los sindicatos después de
reunirse estos en la Mesa de Negociación de la Administración General del
Estado que ha sido presidida por el secretario de Estado de Función Pública,
José Antonio Benedicto.
"La desigualdad en la asunción de las responsabilidades
familiares y de las tareas domésticas entre hombres y mujeres es todavía una
realidad debido a factores culturales y de organización social, las administraciones
públicas no son ajenas, por lo que en este marco es clave alcanzar la
responsabilidad compartida en el hogar donde el cuidado de menores, mayores y
dependientes y tareas domésticas se asuma de manera equilibrada,
independientemente del género”, defendió la ministra.
Según el documento firmado, el permiso no será transferible
entre progenitores y las cuatro primeras semanas son obligatorias para ambos,
mientras que las doce restantes no podrán ser simultáneas. La medida afecta
únicamente a los funcionarios de la Administración del Estado –y, por lo tanto,
no es obligatoria para el resto de administraciones (local y autonómica)-, pero
la intención del Gobierno es que sirva de patrón para todos los trabajadores de
ámbito público y privado por lo que se incorporarán "las modificaciones
legales oportunas" en los próximos Presupuestos Generales del Estado y se
procederá a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público
incorporando el permiso de manera progresiva.
El acuerdo incluye una bolsa de horas -punto que no ha sido
ratificado por CC.OO- que permitirá a los funcionarios dedicar a la atención de
mayores, menores y dependientes el equivalente a un 5 % de su jornada anual -el
equivalente a 11 días-, tiempo que deberá ser recuperado en el trimestre
inmediatamente posterior al uso.
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