La ley del 2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, no cumplió uno de los objetivos que se marcó, que los consejos de
administración y dirección de las grandes compañías fueran paritarios (que al
menos uno de los géneros tuviera el 40% de los cargos). Y la causa está clara:
no hubo obligación, sino una invitación a que fueran igualitarios. La consecuencia
de esa invitación es que sólo el 27% de esas empresas tienen órganos
paritarios, el resto no. Y no sólo eso. Veinte de ellas no cuentan, incluso,
con ninguna mujor. Ante la constatación de que la voluntariedad no funciona, el
nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar un paso más: que sea
obligatoria por ley la paridad. Ayer mismo, el estado de California aprobó una
ley similar.
Sólo el 27% de los consejos de administración de las grandes
compañías cuenta con mujeres
Así lo indicó ayer la vicepresidenta y ministra de Igualdad,
Carmen Calvo, en el foro Forbes Summit Women celebrado en Madrid, señalando que
esa obligación a la paridad está incluida estará incluida en la futura Ley de
Igualdad Salarial, basada en una proposición de ley presentada por los
socialistas el pasado marzo para garantizar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Según este
texto, que deberá ser consensuado con sindicatos, empresarios y el resto de los
partidos, se dará un tiempo de adaptación a estas empresas para alcanzar unos
órganos de dirección paritarios hasta el 2023. Calvo no quiso precisar ese
tiempo, pero sí dejó claro que la tramitación de esa norma será rápida (“el
Gobierno está dispuesto a llevarlo por alguna vía urgente”, indicó).
Calvo señaló que la Ley de Igualdad Salarial “no solo viene
a resolver el problema de la brecha en el salario, sino que con ella
pretendemos afrontar de manera global todos los problemas de discriminación
laboral de las mujeres. No solo en el acceso al trabajo, en la compatibilidad
de la posible maternidad de las mujeres y en la corresponsabilidad de la vida
personal y laboral, sino también en la obligación de estar en los lugares de
decisión”.
La propuesta de los socialistas hace especial hincapié en
que los órganos de dirección de las empresas públicas sean paritarias, algo que
ya estaba en la norma del 2007 y, a pesar de ello, no se cumple. Según un
estudio de Civio, 110 entidades de las 139 estudiadas ignoran la norma.
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