Carmen Calvo defendió la ley de igualdad laboral que el PSOE
presentó, junto con una norma para atajar la brecha salarial, en los albores
del 8-M. La ahora vicepresidenta, avanzó el martes que el “Gobierno está
dispuesto a llevar por alguna vía de urgencia” su tramitación e insistió en la
necesidad de obligar, por ley, a las empresas a que haya paridad en sus
cúpulas. Pero la norma incorpora más preceptos novedosos, como multar a las
empresas que obstaculicen la conciliación, con la intención de que se pase “de
las buenas intenciones a los derechos y las obligaciones”, en palabras de la también
ministra de Igualdad.
Para empezar, la norma reconoce tanto la igualdad de trato
entre hombres y mujeres como la conciliación de la vida personal y laboral como
un derecho, “con una naturaleza individual e intransferible”, según el texto de
la proposición registrada en el Congreso, que fue vetada por el PP, por
incrementar el gasto presupuestario, pero autorizada por Pedro Sánchez, al
llegar al poder.
Además, limita el derecho empresarial a distribuir
irregularmente la jornada o modificar sustancialmente las condiciones de trabajo
sin tener en cuenta las “necesidades” de los empleados. Por último, reconoce
“plenamente” el derecho a la adaptación de la jornada a las personas con hijos
menores de 12 años, incluyendo “la prestación de su trabajo a distancia”.
BAJAS PATERNALES / 16 semanas para ambos progenitores
Uno de los principales problemas de las mujeres en el
mercado laboral está relacionado con la maternidad, por lo que la ley busca
corresponsabilizar en igualdad de condiciones al padre. En la actualidad, las
madres disponen de una baja de seis semanas obligatorias y diez voluntarias. Y
el padre de cinco semanas voluntarias. Para acabar con esta desigualdad, con la
ley laboral ambos tendrían una baja idéntica e imperativa de seis semanas. A
partir de ahí ambos podrían disfrutar de un permiso adicional de diez semanas
(ampliable a una más si se lo piden los dos). En total, cada uno tendría
derecho a 16 semanas, pero cómo se articulen y su plazo concreto es algo que
podría variar en la tramitación, puesto que Podemos ha presentado una norma
para que ambos permisos no sean simultáneos y los padres puedan prologar los
cuidados durante el primer año tras el nacimiento del bebé.
Además, la ley socialista prevé que la reducción por cuidado
del lactante puede extenderse hasta que cumpla doce meses, si los dos
progenitores la ejercen en términos equivalentes, y recupera ciertas ayudas a
la contratación de las mujeres que se reincorporen después de la maternidad o
de la excedencia para el cuidado de hijos, derogadas con la reforma laboral del
2012.
LA PARIDAD / Un 40% de mujeres en el 2023
El aspecto más conocido de la norma es el que exigirá a las
empresas –aquellas obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias- tener
consejos de administración paritarios. Según la ley de igualdad, este
porcentaje se sitúa en un mínimo de un 40% de mujeres, cuando en la actualidad
apenas llega al 27%. Calvo avanzó que se daría tiempo a las sociedades, que en
muchos casos no están de acuerdo con la imposición legal, según han puesto de
manifiesto las declaraciones del presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, para
adaptarse. En la ley se especifica que la fecha tope es el 2023, pero quizá se
amplíe el plazo en la tramitación, si así lo solicitan los grupos. O también,
llegado el momento, se podría aprobar una moratoria.
LA BRECHA SALARIAL / Publicitar las retribuciones
La intención del Gobierno es subsumir la ley específica
contra la brecha salarial en esta norma, introduciendo por ejemplo enmiendas
que afecten a los salarios. Las mujeres cobran unos 5.700 euros anuales menos
que los varones y la diferencia se triplica en la jubilación. En muchos casos
se debe a que ocupan puestos con menor remuneración, los trabajos a tiempo
parcial y los temporales, pero según un reciente informe de Oxfam, el 14% de la
brecha se debe exclusivamente a una “discriminación por razón de género”.
Para luchar contra esta situación, se obligará a las
empresas de más de seis trabajadores y con representación legal a que elaboren
un registro salarial, en el que se desglosen las percepciones y por todos los
conceptos. Además, las compañías de más de 250 empleados estarán sometidas a
una auditoría salarial, que tendrá consecuencias para la inspección de Trabajo,
que se verá reforzada.
LAS SANCIONES / Multas de hasta 50.000 euros
En el caso de la ley contra la brecha salarial, se prevén
sanciones de hasta el 0,70% de la masa salarial por no elaborar el registro
salarial o no proporcionarlo a los trabajadores. Y la norma de igualdad laboral
incorpora multas, que irán de 60 a los 50.000 euros en función de la gravedad.
Entre los motivos, figura que se “obstaculice” o se “impida” los derechos de
conciliación.
LA NEGOCIACIÓN / Acciones positivas
El papel de la negociación colectiva como instrumento para
garantizar la igualdad se refuerza además con un elenco de obligaciones para
que las partes adopten acciones positivas cuando se detecte cualquier
incumplimiento. Asimismo se crea la Oficina de Lucha contra la Discriminación
por razón de sexo en el empleo, integrada en la inspección de Trabajo.
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