El Congreso ha aprobado este martes el proyecto de ley que aumenta el nivel de información que
deberán facilitar las grandes empresas, que tendrán que rendir cuentas en su
informe de gestión consolidado, entre otras cuestiones, de los sueldos de sus
empleados, el nivel de temporales en la plantilla, y cómo paga sus impuestos.
Esta
iniciativa, que procede de un decreto ley defendido en su día por el exministro
de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, para trasponer una directiva
comunitaria, está prevista que se apruebe este martes por la Comisión de
Economía y Empresa, al tener esta competencia legislativa plena, con votos
favorables de, al menos PP, PSOE y Unidos Podemos.
El informe de
ponencia que se someterá a votación, y al que ha tenido acceso Europa Press,
señala que estarán obligadas a rendir cuentas de este informe todas las
empresas con más de 250 empleados, sin excepción. Eso sí, en un plazo de
aplicación progresivo de tres años a partir del vigente ejercicio.
Únicamente
aquellas compañías con más de 500 personas trabajando, y con una facturación de
40 millones de euros, deberán aplicarla ya para el ejercicio 2018, ya que a
ellas se limitaba el ámbito de aplicación a su llegada a la Cámara Baja.
El informe
deberá publicarse de forma gratuita y "fácilmente accesible" en la
web de la sociedad en los primeros seis meses de la finalización del ejercicio,
donde deberán permanecer al menos cinco años.
Además del
Código de Comercio y la Ley de sociedades de capital sobre información no
financiera y diversidad, el proyecto de ley que el Congreso remitirá al Senado
incluye la trasposición de una nueva directiva, que modifica la Ley de
instituciones de inversión colectiva, y la Ley de servicios de pago.
INFORMACIÓN
LABORAL, FISCAL Y MEDIOAMBIENTAL
Entre los datos
que deberá incluir la empresa se encuentra el número total de empleados, con su
distribución entre indefinidos y temporales, contratos a tiempo parcial, sus
remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor, y la remuneración media de consejeros
y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, y planes de
pensiones.
También
cuestiones relativas a la organización del trabajo, tales como el número de
horas de absentismo y medidas para facilitar la conciliación, frecuencia de
accidentes de trabajo, políticas de accesibilidad, de formación o dirigidas a
promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
También deberán
rendir cuentas sobre los beneficios obtenidos país por país, los impuestos
abonados sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas,
cuestiones sobre la política de subcontrataciones --si tiene en cuenta aspectos
sociales y de igualdad, por ejemplo-- y medidas adoptadas para prevenir la
corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.
Esta
información, según recoge la ley, deberá ser "verificada por un prestador
independiente de servicios de verificación", y permite al Gobierno
establecer en la norma, a través de un reglamento, "indicadores clave para
cada materia del estado de información no financiera".
En ese
desarrollo reglamentario podría incluirse un régimen sancionador, ya que la
trasposición de esta directiva no incluye ningún artículo para reflejar las
consecuencias del incumplimiento de los establecido en la norma
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