Cuando, en los años 2012 y 2014 se congeló en España el
salario mínimo inteprofesional (SMI), o solo se incrementó un paupérrimo 0,6%
en el 2013, uno de los argumentos en contra de los que exigían mayores subidas
fue que este indicador ya se utilizaba muy poco o que la mayoría de los
convenios colectivos lo superaban de largo. Sin embargo, su importancia ya
empezó a hacerse notar a finales del 2017, cuando el Gobierno del PP y los
sindicatos CCOO y UGT acordaron que el SMI se incrementaría progresivamente hasta
alcanzar los 850 euros en el 2020.
Ya entonces se incluyó un apéndice en el pacto en el que se
advertía que estos ritmos de subidas no tendrían que trasladarse
automáticamente a los convenios, aunque estos reflejasen que los incrementos
salariales irían acompasados a los del SMI, dado el carácter extratordinario de
ese aumento. Eso sí, ningún salario debería quedar en por debajo del mínimo
fijado por ley. Siendo consecuentes con los argumentos de los años de
congelación del SMI, esta obligación no debería causar ningún problema grave a
la economía y a las empresas dado que la grandísima mayoría ya paga más a sus
asalariados que estas cifras.
Pero tras el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidos
Podemos que incluye una subida del 22,3% del SMI en enero del 2019 hasta
situarlo en 900 euros mensuales han saltado las alarmas en las organizaciones
empresariales, empezando por la CEOE, la gran patronal. Según la oficina de
estadísticas europeas Eurostat, España es el país en el que menos trabajadores
cobran el salario mínimo, al menos hasta ahora, el 1%. Posiblemente porque su
importe era excesivamente bajo en relación con el coste de la vida en el país.
Pero, vistas algunas reacciones empresariales, es lícito
pensar que las estadísticas son erróneas y que hay muchos más empleados cuyo
sueldo se asemeja al actual SMI de 736 euros. Y por ello, una subida hasta 900
euros crea tanto resquemor que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) se
ha sentido interpelado y ha considerado necesario advertir al Gobierno español
que hay que ser "cuidadoso" con este valor. Por suerte, o por
decencia, el economista del organismo añadió que algunas subidas tienen
justificación "por cuestiones sociales". No está mal recordarlo dado
que una de las peores consecuencias de esta larga crisis ha sido que cada vez hay
más trabajadores con empleo que, pese a ello, viven en el umbral de la pobreza.
En la explicación de la medida, el Gobierno explica que
pretende fomentar "un crecimiento salarial más dinámico", con
salarios que "garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la
satisfacción de sus necesidades y las de sus familias". En definitiva,
frenar la explotación laboral, para decirlo sin tantos subterfugios.
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