“Mañana trabajas, ¿ok? Eran pasadas las once de la noche de
un día cualquiera. El beep del teléfono que anunciaba el mensaje de la ETT
Randstad requería, como otras tantas veces, a Amaia Laconcha, trabajadora
eventual durante 17 años de la galletera Artiach, en Orozko, Bizkaia, a
confirmar que estaba dispuesta a firmar, al día siguiente, otro contrato más.
Como siempre, y como las otras seis mujeres que junto a ella
denunciaron su situación a la Inspección de Trabajo, —“siempre mujeres”,
lamenta Laconcha—, no sabía si el contrato iba a ser de un día o de un fin de
semana, y tampoco si iba a suplir una incapacidad temporal o se trataba de un
contrato por obra y servicio.
Solo sabía que después de 17 años cada día estaba más
cansada de firmar contratos eventuales y nunca el fijo que esperaba; de olvidar
prácticamente el concepto de vacaciones, y de borrar el verbo planificar de su
vida junto a su pareja, familia o amigos. “En 17 años he firmado cientos de contratos”,
lamenta, “pero nunca el que quería, el que me iba a dar estabilidad y
tranquilidad, el fijo”.
Un juez de Bilbao ha considerado su despido nulo, pero no
por la concatenación de contratos, algunos incluso para suplir bajas por
enfermedad de empleados sanos y trabajando, sino al considerar que la empresa
despidió a la empleada por denunciar su situación. Condena a la galletera a
readmitirla por haber vulnerado “el derecho fundamental de indemnidad” de
Laconcha. Artiach, que pertenece a Adam Foods, con sede en Barcelona, la
despidió el 5 de junio, también a las once de la noche, después de que la
Inspección de Trabajo notificara a Artiach en una resolución del 31 de mayo que
estaba incurriendo en un fraude en la contratación y “requería” a la empresa
para que incorporara a las siete mujeres “a su plantilla de manera indefinida”.
Ni así.
Artiach, que ha recurrido la sentencia, solo incorporó a una
de ellas. A otras cinco, entre las que estaba Amaia, las despidió. Con la
última de ellas, al estar en periodo de descanso, la empresa se limitó a no
volverla a llamar. La dirección de la empresa de galletas no ha respondido a
los requerimientos de EL PAÍS para hablar de su política de contratación y
explicar los argumentos en los que ha basado el recurso.
“Fue una venganza, está claro”, dice Amaia. “Ahora miras
hacia atrás y te preguntas cómo hemos podido aguantar todo esto. Bueno pues
porque lo necesitas”, se responde ella misma resignada. De las cuatro que han
querido hacer pública su situación, hartas de tanta precariedad, la que menos
tiempo llevaba trabajando es Sonia Rivera, y eso que ya ha cumplido 11 años en
la empresa. Su juicio es el 17 de marzo.
Ainhoa Marigorta lleva 16 años en Artiach y su juicio se
verá el 16 de enero. Ella sí ha contado los contratos firmados. “Son 750, es
una vergüenza. La mayoría, por no decir todas las que estamos así, con esta
precariedad, somos mujeres”, denuncia también Marigorta. Azucena Gálvez tendrá
su vista ante el juez el 4 de febrero. Después de 13 años en Artiach “tengo 24
páginas enteras con el listado de contratos”, dice enfadada.
Todas creen que la eventualidad opera como un mecanismo para
maniatar a las trabajadoras. “Es un mecanismo para implantar el miedo, para
evitar que protestes. Con la eventualidad máxima lo que quieren es que digas a
todo que sí”, explica Marigorta. La lucha de estas mujeres no va a cesar hasta
que Artiach rectifique.
El jueves han organizado una marcha de Orozko a Llodio.
Artiach ha cumplido la sentencia judicial, pero a su manera. Le ha mandado un
burofax a Amaia Laconcha en el que le comunica que mientras se resuelve el
recurso, le da de alta, y le paga la nómina, pero le deja claro que no quiere
verla por la empresa. “Es terrible”, dice contrariada Amaia, “quiero trabajar”.
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