Las pensiones están sometidas a un recorte en el poder
adquisitivo, como consecuencia de las reformas realizadas en la Seguridad
Social entre 2011 y 2013. Es decir, por cambios como el retraso en la edad de
jubilación; la ampliación del periodo de cómputo para calcular la prestación;
el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y, a partir del próximo año,
la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Con este último cambio, se
trata de incluir la esperanza de vida de la cohorte del nuevo jubilado entre
los factores que influyen en la fijación de la primera pensión. Así, en un
periodo comprendido entre 2013 y 2030 el recorte de la pensión de entrada puede
llegar al 17%.
De este modo se recoge en el informe sobre la Situación
macroeconómica y evolución de las cuentas públicas, que ha publicado la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El análisis sostiene
que "el impacto de las reformas [hechas en el sistema de pensiones] puede
resultar mayor al esperado". Y eso es así porque "el ajuste del gasto
en pensiones necesario para compensar el efecto colectivo [crecimiento del
número de jubilados] se hace reduciendo la pensión de entrada y conteniendo el
crecimiento de las pensiones corrientes".
En 2018, las reformas paramétricas de 2011, como el retraso
de la edad de jubilación, las ampliaciones del periodo de cotización exigidos
para tener derecho a toda la pensión y calcular su cuantía, han supuesto ya un
recorte del 10% en la primera pensión. En 2030, estas modificaciones, más el Índice
de Revalorización de las Pensiones y Factor de Sostenibilidad elevarán este
descenso al 17%. El informe señala que todas las reformas juntas "mitigan
la tendencia secular de aumento de la tasa de reemplazo [o de
sustitución]" de las pensiones. Es decir, la relación que hay entre el
último salario medio y la primera pensión media.
Así, según la Autoridad Fiscal, si en 2012 la pensión
inicial significaba el 78% del último salario, a partir de este año y hasta
2030, la primera pensión bajará hasta suponer, aproximadamente, el 71% del
último salario.
La Autoridad Fiscal espera que, en conjunto, las reformas
ayuden a amortiguar y a recortar el gasto en pensiones en los próximos años. Si
ahora el presupuesto de las prestaciones supone el 10,8% del Producto Interior
Bruto (PIB), el informe espera que el gasto suba al 14,3% a medio plazo y
vuelva hasta el 11% del PIB, en 2050.
Una conclusión curiosa del informe de la AIReF es que
"las reformas paramétricas [realizadas en 2011, al final del mandato del
Gobierno socialista], están teniendo un impacto relevante en el recorte de las
pensiones, con la contención del efecto sustitución y el refuerzo de la caída
de la tasa de elegibilidad", dice la AIReF. La institución quiere decir
que con la implantación de los recortes cada vez va a ser más difícil que los
trabajadores puedan elegir entre la jubilación anticipada y con la edad legal.
En 2025, del 15% de la reducción de la primera pensión, doce
puntos se deberán a las reformas de 2011; lo mismo que en 2030, cuando la
rebaja de la prestación inicial sea del 17%. Por lo tanto, la Autoridad Fiscal
subraya que, para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, "la
evolución de la tasa de ocupación es clave en el medio plazo". Además, el
informe reza que "es necesario un esfuerzo que permita aumentar el
crecimiento potencial de la economía a través de una productividad mayor del
factor trabajo". Con ello, la Autoridad Fiscal subraya la importancia de
aumentar considerablemente, y a medio plazo, el número de cotizantes. Y, en
segundo lugar, a largo plazo, hacer posible que con menos trabajadores aumente
la productividad ante la amenaza de que descienda la población laboral por dos
razones: la sustitución de empleos por medios tecnológicos y por el
envejecimiento de los trabajadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario