Los
sindicatos UGT y CCOO consideran insuficiente el real decreto ley sobre
protección social, empleabilidad y calidad en el empleo aprobado este viernes
por el Consejo de Ministros porque, a su juicio, no incluye medidas que hagan
efectivo el control horario en las empresas.
CCOO indica
en un comunicado que la falta de controles impide detectar los incumplimientos
de las normas sobre duración de las jornadas “generalizados” que se producen en
algunos sectores y los millones de horas extras sin retribuir ni cotizar.
En su
opinión, esta carencia hace que calificar esta norma como una medida que lucha
contra la precariedad laboral sea “un eufemismo”.
Señala
también que el Gobierno no ha respetado el acuerdo con los sindicatos y ha
“descafeinado” el texto de forma que “no garantiza la obligación de las
empresas a tener un registro real”.
En la misma
línea, UGT considera que la nueva norma carece de instrumentos necesarios para
hacer efectivo el control horario y que deja su articulación “al albur de la
negociación colectiva” o en manos del empresario, según una nota del sindicato.
Ambos
sindicatos critican que el texto tampoco incluya la obligación de que los
trabajadores tengan un resumen escrito del registro por periodos
Se trata del
registro horario obligatorio que las empresas tendrán que tener operativo el
próximo mes de mayo para anotar las horas que trabajan sus empleados. La medida
ha nacido con la oposición sindical después de que el Gobierno diera un paso
atrás en sus acuerdos previos con estas agrupaciones y dejara el proceso de
elaboración del registro en manos de la negociación colectiva en cada empresa,
en lugar de crear un sistema general o sectorial.
Su argumento
es que cada compañía es un mundo y existen múltiples particularidades en la
relación con sus empleados. La CEOE aplaudió ayer este cambio, mientras que
CCOO y UGT criticaron que de esta forma todo el poder queda en manos de las
empresas. Sobre todo en sectores donde está concentrado el fraude laboral como
la restauración en los que -al tratarse en muchos casos de microempresas de
menos de seis empleados- no hay representante de la plantilla y es la compañía
quien tendrá que elaborar de manera unilateral el registro. «Lo aprobado apenas
supone un avance en esta materia», explica Mari Cruz Vicente, secretaria de
AcciónSindical de CCOO.
Otro de los
retrocesos dados por el Ejecutivo con respecto a sus acuerdos previos con los
sindicatos se refiere al régimen sancionador que recaerá sobre aquellos grupos
que incumplan la nueva legislación. El Gobierno dará dos meses a las compañías
tras la publicación en el BOEdel real decreto para que implanten el registro.
Si la medida no se encuentra operativa después de ese periodo, la empresa se
enfrenta a una sanción de hasta 6.250 euros por un incumplimiento grave
de la normativa sobre relaciones laborales. Los sindicatos creen que esta cifra
no es suficientemente coercitiva y dará lugar a que se sigan repitiendo
situaciones como que «el empresario prefiera pagar el pago de la multa al cumplimiento
de la norma», según denuncia UGT.
Otra de las
incógnitas sobre la aplicación del registro gira en torno a su aplicación en
aquellas compañías donde parte o todo el trabajo de la plantilla se realiza
fuera de una oficina. En este caso, las empresas podrán pactar con los
trabajadores la implantación de medios telemáticos que permitan controlar que
el trabajador está cumpliendo con sus funciones dentro de la jornada laboral,
explica Mari Cruz Vicente. Esto abre una enorme oportunidad de negocio a
compañías tecnológicas especializadas en estos sistemas.
La compañía
deberá conservar el registro de horas de su plantilla durante al menos cuatro
años y tendrá la obligación de mostrarla a trabajador, representantes
sindicales e inspectores de Trabajo siempre que sea reclamada. Aquí también se
ha producido una suavización de las medidas inicialmente previstas, donde se
incluía que el registro de horas se publicara mensualmente en la nómina de los
trabajadores.
La ministra
de Trabajo, Magdalena Valerio, justificó ayer la «extraordinaria y
urgente» necesidad de la medida en el inminente requerimiento por parte de la
Justicia europea para que España regule de forma más sólida la jornada laboral
y el buen uso tanto de los contratos parciales como de las horas extra. «Se
vienen dando de manera reiterada casos de personas que tienen contrato parcial
pero trabajan a tiempo completo.
Es más, la inspección de trabajo
sistemáticamente nos está diciendo que es imposible controlar las horas
extraordinarias realizadas en fraude de ley porque no existe manera de tener
control real de situación del trabajador o trabajadora», advirtió en la rueda
de prensa posterior alConsejo de Ministros.
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