Sindicatos, asociaciones ecologistas, plataformas contra los
desahucios e incluso los movimientos de las asociaciones bancarias contra las
cláusulas suelo. Todo lo que podía ser perjudicial en redes sociales para los
intereses de su cliente, el BBVA, era monitorizado por el excomisario José
Villarejo, que elaboraba informes periódicos sobre los movimientos y contactos
de redes sociales de estos colectivos.
El motivo de ese control exhaustivo era la inminente celebración de la Junta General de
accionistas del banco BBVA en 2017, el encuentro anual en el que se presentan
resultados y las previsiones para el siguiente ejercicio. La junta se celebró
en marzo de 2017, y desde un mes antes, las empresas del excomisario comenzaron
a elaborar informes sobre distintos grupos y entidades sociales en redes
sociales.
Así, el 10 de febrero de 2017, el jefe de Seguridad del
BBVA, Julio Corrochano, recibe un primer informe en el que se consignan los
distintos grupos que serán controlados de cara a la junta general de
accionistas. Entre ellos figuran la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE), la Plataforma contra el BBVA -que acusa al banco de realizar
"inversiones antisociales" como la financiación de armamento-,
Ecologistas en Acción, la Plataforma Stop Desahucios o sindicatos como CCOO y
CGT.
El pago de la cláusula suelo, declarada ilegal por la
Justicia, es uno de los elementos reputacionales que más perocupaba al BBVA en
febrero de 2017. En esos días, el Tribunal Supremo debía hacer pública su
decisión sobre la legalidad o no de las cláusulas que establecían el tipo de
interés de algunas hipotecas. El equipo de seguridad contratado por el banco
monitorizó todos los tuits bajo el hastag #ClausulasSuelo para detectar
posibles amenazas para el banco.
Pero la investigación se ampliaba a otros campos
relacionados con el banco. "El BBVA encabeza la lista de bancos españoles
con mayor inversión armamentística. Sin lugar a duda este será uno de los temas
centrales de las posibles protestas durante la Junta General de 2017",
rezaba uno de los informes elaborados por el equipo del excomisario Villarejo.
"Por el momento no se detecta actividad preparatoria de
los actos a realizar en la próxima Junta General. Sin embargo ello no es de
extrañar, ya que según su modus operandi, su convocatoria pública de protesta
no aparecerá en las páginas web y los medios de difusión hasta tres o cuatro
días antes de la JG", se añadía en el dosier.
"Los preparativos de las propuestas se coordinarán a
través de Telegram. Esta aplicación móvil es una red segura de comunicación que
además permite el envío de archivos, documentos y vídeos. Así como la creación
de grupos privados con auto-eliminación de mensajes", explica el
documento.
Otro de los puntos que preocupaba al banco eran los mensajes
en su contra por la financiación de un oleoducto en Dakota (EEUU), aprobado por
la Administración de Donald Trump, que atraviesa tierras de la tribu sioux. El proyecto, según
los informes, estaba siendo fuertemente criticado por grupos ecologistas de
todo el mundo.
El día 16 de febrero de 2017, el informe remitido al BBVA
alerta de que los sindicatos CGT, UGT y CCOO "vienen solicitando a sus
asociados y simpatizantes delegaciones de voto de sus acciones para poder
intervenir en al Justa General de Accionistas. Según parece, el acuerdo para un
discurso sindical unitario estaba bastante avanzado, por lo que posiblemente
los sindicatos intervendrán" de forma conjunta, centrando su discurso
"en la defensa del empleo". "En todo caso" -alerta el
informe- "dicha intervención abordará el asunto de las listas de bajo
desempeño con los 22 despidos ya producidos".
En otro de los informes, el equipo de Seguridad alerta sobre
la publicación de una manifestación convocada por la CGT frente a la puerta de
una sucursal bancaria por el despido de uno de los trabajadores.
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