IBERDROLA EN EL BANQUILLO

La Audiencia Nacional abre la vía penal contra Iberdrola por manipular el precio de la luz. Lo hace tras admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa a la eléctrica de un delito contra el mercado y los consumidores. 

A instancias del juez que lleva el caso, Ismael Moreno, ya se han practicado registros en las sedes que el grupo tiene en Madrid y Bilbao. Se trata de la primera vez que Anticorrupción recurre a la vía penal contra una eléctrica por prácticas fraudulentas.

En la denuncia, la fiscalía acusa de varios delitos a los directivos cuyas decisiones llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013". Esta manipulación se llevó a cabo a través de las centrales hidráulicas que Iberdrola tiene en los ríos Duero, Sil y Tajo. Fue precisamente en esas fechas (diciembre de 2013) cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR), hasta entonces vigente, ante un alza sin precedentes del precio de la energía. A partir de ese momento se creó el hoy en funcionamiento Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). 

Las sospechas de fraude en torno al grupo que preside Ignacio Sánchez Galán vienen de lejos. En noviembre de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica una multa de 25 millones de euros bajo los mismos argumentos que ahora esgrime la fiscalía. Sin embargo, la sanción quedó suspendida cautelarmente después de que Iberdrola la recurriese por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia.  

Poco después de conocerse el paso dado por el juez Ismael Moreno, Iberdrola ha vuelto a negar "rotundamente" cualquier "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz. Fuentes de la compañía consultadas por EFE, sostienen que la eléctrica actuó siempre "como un gestor prudente y razonable" durante el periodo investigado. Asimismo, aseguran haber prestado "toda su colaboración" a la Audiencia y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso.