Un total de 5.452 empresas deberán negociar con la
representación de los trabajadores y registrar ante la Administración un plan
de igualdad antes del próximo 1 de marzo. Así lo marca el real decreto aprobado
en marzo del 2019 por el anterior Gobierno, que obliga a las compañías de más
de 150 trabajadores en plantilla a tener un programa para promover la paridad
definido y dar constancia de ello ante el Ministerio de Trabajo o la
administración autonómica pertinente. La cobertura de dichos nuevos planes de igualdad
se extenderá a más de un millón de trabajadores, según datos facilitados por
CCOO en base a cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los planes de igualdad son programas que pretenden promover
la paridad entre hombres y mujeres en las empresas, tanto a nivel salarial,
como de derechos laborales, conciliación y capacidad de promoción profesional.
Hasta el 1 de marzo del año anterior estos eran únicamente obligatorios para
aquellas empresas con más de 250 empleados y no era imprescindible para estas
registrarlos ante la administración competente. Prueba de ello son los
discretos números que presentan hasta la fecha administraciones como la
Generalitat de Catalunya, que antes de la norma estatal ya contaba con un
registro propio y voluntario. Según datos facilitados este lunes por el
Departament de Treball, en sus archivos están disponibles 209 planes de
igualdad, que dan cobertura a 83.400 trabajadores.
El anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo
de Ministros previo al 8-M un real decreto con medidas urgentes para promover
la paridad de género. Una de ellas era la extensión progresiva de la
obligatoriedad de tener un plan de igualdad para todas las empresas de más de
50 trabajadores. Este año les toca a las de más de 150; el 1 de marzo del 2021
será el turno de las de más de 100 trabajadores y en el 2022 para las de 50
trabajadores para arriba. Para ello creó de un registro equivalente al que
tenía la Generalitat, pero para todas las empresas españolas y similar al
archivo público donde las empresas dan fe de los convenios negociados.
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