El Consejo de Ministros empezará a desmontar la reforma
laboral el próximo martes. Será una parte pequeña: el despido justificado de
empleados que hayan faltado ocho días o más al trabajo estando de baja médica
en dos meses. Y lo hará por decreto ley, es decir, entrará en vigor
inmediatamente y después tendrá que convalidarse en el Congreso. La ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así lo anunció ayer después de que su
compañera de Gabinete, la responsable de Economía, Nadia Calviño, ya declarase
el domingo al The Financial Times que esta medida concitaba un amplio consenso.
El despido de un empleado por faltar al trabajo ocho días o
más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes
haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro
meses aunque esas ausencias estén justificadas médicamente es legal desde hace
décadas en España. Pero tenía que cumplirse un requisito más: el índice
agregado de absentismo en el centro de trabajo del empleado despedido debía
superar el 2,5%.
Esto cambió con la reforma laboral de 2012, que individualizó
el despido al eliminar la exigencia de que hubiera un absentismo mínimo en el
centro de trabajo. Esa modificación provocó las quejas de los sindicatos. Sin
embargo, durante los últimos años sus críticas se dirigieron más a otros
aspectos como la negociación colectiva.
La situación dio la vuelta a finales de octubre, cuando el
Tribunal Constitucional sentenció que el cambio de la reforma laboral era legal
alegando la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”. El fallo
contó con tres votos particulares bastante duros y llevó a los sindicatos a
rescatar su demanda. Los partidos que ahora están en el Ejecutivo se
comprometieron, a falta de unos días para que se celebraran las elecciones del
10 de noviembre, a derogarlo si gobernaban.
De acuerdo con esta promesa, la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, ha declarado desde que tomó posesión que su intención era derogar el
artículo 52.d —el que regula este despido— cuanto antes. Y, además, suele
añadir que este será uno de los puntos que no va a negociar ni con los
sindicatos ni con los empresarios. “[En esto] ni siquiera voy al diálogo
social. Y se lo he explicado a los agentes sociales desde la convicción de que
los derechos humanos no se negocian. La preservación de la salud está por
encima de cualquier cuestión”, defendía en una entrevista en EL PAÍS a finales
de enero.
Este sería el único punto de la reforma laboral sobre cuya
derogación o modificación Díaz dice que no habrá negociación. Sobre el resto,
tanto la ministra de Trabajo como el resto del Gobierno se han comprometido a
llevar sus planes al diálogo social. Una de las últimas voces del Ejecutivo que
se ha pronunciado en este sentido ha sido la titular de Economía, Nadia
Calviño, probablemente la compañera más reticente a derogar totalmente la
reforma que va a encontrar Díaz en el Consejo de Ministros.
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