El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha avanzado este jueves la
voluntad del Ejecutivo de convertir en realidad "lo antes posible" un
ingreso mínimo estatal para todos los hogares, para lo que ha reclamado el
apoyo de todos los grupos a los presupuestos.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos
Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición propia y también
de los partidos PP, Cs, ERC y Vox, Iglesias ha establecido las prioridades de
su departamento, entre las que ha citado también un plan de choque para
impulsar la dependencia y una ley de los Servicios Sociales.
"Será una prioridad absoluta del Gobierno implementar
la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos
los hogares", ha dicho Iglesias, ya que el sistema actual, gestionado por
las comunidades autónomas, cuenta con bajos niveles de cobertura y funciona de
manera "descoordinada y generando desequilibrios".
En este sentido, el vicepresidente ha abogado por "la
puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore
sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos, como un derecho
ciudadano para toda la población", en coordinación con el Ministerio de
Inclusión y Seguridad Social .
Iglesias ha asumido el compromiso de hacerse "cargo de
la grave situación social" que atraviesa España, tal y como visibilizó el
relator del ONU, para que en el futuro no volvamos a "sentir
vergüenza" siendo la cuarta economía de la UE.
Para ello, ha pedido la colaboración y el respeto de todos
los grupos para "lograr que haya un poco de menos injusticia".
"Tienen el deber de presionar a sus formaciones políticas" para que
los asuntos sociales sean centrales en la negociación de las cuentas, ha
resaltado.
Unas de las primera medidas será la ley de protección de los
menores frente a la violencia, "análoga a la Ley de Violencia de
Género", junto a un plan de choque para "reimpulsar" el sistema
público de atención a la dependencia, "que no ha sido capaz de atender a
la población por la falta de financiación" tras los recortes de 2012, con
la intención de reducir la lista espera de los dependientes un 75 por ciento.
Iglesias ha anunciado el impulso de los servicios sociales a
través de una ley marco y otra ley de diversidad familiar "para reconocer
las diferentes estructuras familiares", con medidas para familias
acogedoras, monoparentales o de apoyo a la adopción de personas LGTBI, entre
otras.
Ha apostado por consolidar y reforzar el cuarto pilar del
Estado de bienestar y ha destacado que "la educación pública -desde etapa
infantil- es imprescindible para garantizar las igualdad de
oportunidades".
"España debe aumentar el gasto social, pero mejorando
la eficacia redistributiva", ha dicho Iglesias, quien ha opinado que
"la buena noticia es que el sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de
mejora".
Respecto a la Agenda 2030, ha expresado su intención de
convertir a España en un "ejemplo mundial" de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, pasando de "las buenas intenciones o del lavado
social y verde de los poderosos" a un compromiso firme. Para ello, ha
dicho, se precisan unos "presupuestos coherentes y alineados con la Agenda
2030".
En este ámbito, ha agradecido el esfuerzo de la sociedad
civil y de los movimientos sociales "por movilizarse durante estos años en
la defensa de los derechos sociales y por tanto de la democracia".
Todos los grupos han coincidido en mostrar su preocupación
por los datos de pobreza y exclusión social, violencia infantil o dependencia,
pero algunos, como el PNV, Ciudadanos o el PP, le han preguntado por medidas
para niños migrantes solos, personas con discapacidad o la situación de las
menores tuteladas explotadas sexualmente en un centro de Baleares.
Sobre los menores extranjeros que llegan solos, ha
garantizado que, si se aprueban los presupuestos para 2020, se recuperará una
dotación de 30 millones, al igual que la partida para la dependencia, que se
incrementará en un 40 % para reducir la lista de espera en un 75 % en esta legislatura.
Sobre los reproches por la negativa a abrir una comisión de
investigación por las menores tuteladas de Baleares, ha contestado que es un
asunto en el que todos deberían "actuar con un poco más de
responsabilidad"
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