El Congreso ha aprobado el polémico real decreto por el que se permitirá a los contribuyentes, según los términos utilizados por el Gobierno, regularizar “activos ocultos”.
Esta amnistía fiscal introduce un gravamen especial del 10% para las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, impuesto sobre sociedades e IRPF de no residentes que no estén siendo investigados por la Agencia Tributaria. Asimismo se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012. Según el Ministerio de Hacienda, estas regularizaciones permitirán aflorar unos 2.500 millones de euros que hasta ahora no cotizaban.
Los expertos de Economismo tienen sentimientos encontrados con la amnistía fiscal. Por un lado, reconocen que
es una medida impopular, injusta y que lanza un mensaje peligroso al contribuyente. Por otro, admiten que la economía española atraviesa un momento sumamente delicado y que en situaciones así a veces hay que tomar decisiones difíciles. En todo caso, la regularización de los capitales defraudados debería ir acompañada, en su opinión, de otras medidas como una mayor lucha contra el fraude.
José García Solanes, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia, incide en la idea de que la amnistía fiscal obedece a la extrema necesidad del Gobierno de encontrar ingresos “a toda costa”. La medida no garantiza, en su opinión, los 2.500 millones de euros que el Gobierno prevé recaudar. “Las experiencias durante las últimas décadas en España y en otros países alimentan esa incertidumbre de corto plazo, a la vez que certifican efectos muy perversos en un horizonte más largo. Ponen en claro que, aparte de ser
una burla para el contribuyente honesto, la amnistía socava la conciencia fiscal y anima a los defraudadores a seguir delinquiendo bajo la luz de una futura redención”. García Solanes cree que
sería mucho más efectivo y aleccionador incrementar los recursos de inspección fiscal, establecer multas ejemplarizantes y redoblar los esfuerzos de educación y formación cívica. “La armonización fiscal entre países y los acuerdos internacionales frenarían la deslocalización de ingresos y los cobijos ocultos. Finalmente, son urgentes y prioritarias acciones que obliguen a los políticos y máximos representantes a erradicar las conductas fraudulentas y corruptas, por desgracia tan frecuentes en los últimos tiempos”, añade.
