La intimidación y el acoso sexual son conductas
generalizadas en los lugares de trabajo del sector jurídico. Es, además, una
realidad que golpea sobre todo a las mujeres: más del 50% de abogadas afirma
haber sufrido acoso laboral, frente al 30% de los letrados.
La diferencia es
incluso mayor al analizar los casos de acoso sexual, que afectan a una de cada
tres mujeres; el ratio masculino, en cambio, es de uno entre catorce.
Así lo revela el estudio ¿Nosotros también? Intimidación y
acoso sexual en las profesiones jurídicas, elaborado por la International Bar
Association (IBA). La encuesta, que recoge la opinión de 6.980 profesionales de
135 países diferentes, manifiesta de forma contundente que este tipo de
conductas son endémicas en el sector. “Es una realidad y no se está haciendo lo
suficiente para atajarla”, advierte Kieran Pender, miembro del organismo y uno
de los principales artífices del informe.
La urgencia de encarar esta cuestión no solo viene
justificada por el elevado número de afectados, sino también la alarmante
ausencia de denuncias por parte de las víctimas. De acuerdo con el informe, más
del 75% de episodios de acoso sexual nunca son reportados, frente al casi 60%
en los casos de intimidación.
El principal motivo que disuade a los profesionales de pedir
ayuda es el perfil o puesto del autor (generalmente, en una posición jerárquica
superior), seguido de la preocupación por posibles repercusiones y el hecho de
que sea una realidad habitual en el entorno de trabajo. “Denunciar es
complicado, y muchas veces el trato que se presta a quien da un paso adelante
es inadecuado”, observa Pender.
Los profesionales jurídicos jóvenes son los más propensos a
sufrir este tipo de comportamientos. De hecho, uno de cada tres encuestados
menores de 25 años afirmaron haberse sentido intimidados en su puesto. En lo
que respecta al acoso sexual, la franja más vulnerable es hasta los 30 años,
afectando a alrededor del 18%.
Curiosamente, los hombres muestran mayores dificultades a la
hora de identificar un incidente como acoso sexual, y muchas más para
denunciar. Ejemplo de ello es el testimonio de uno de los encuestados: “No
informé de ello porque ¿quién se cree que un hombre dice no al sexo?”.
Aunque las cifras sean ciertamente inquietantes, lo cierto
es que los despachos sí están tomando algunas medidas. Así, en los últimos
años, muchos de ellos han implementado planes de igualdad que prevén protocolos
específicos frente al acoso y canales de denuncias internos para los afectados.
Los avances, no obstante, son lentos. Esther de Félix, socia
de Cuatrecasas y miembro de la comisión de prevención frente al acoso de la
firma, apuntó en este sentido que, durante el año 2018, se registraron tres
denuncias por este motivo. Una cifra ciertamente baja, “sobre todo teniendo en
cuenta que hablamos de un despacho con una plantilla superior a los 1.000
abogados”, señala; pero superior a la de otros años, en los que no se reportó
ningún episodio. Otros grandes bufetes españoles, como Garrigues o Uría
Menéndez, tampoco han registrado acusaciones de este tipo.
Las políticas y la formación, no obstante, no parecen ser
suficientes: según el informe, los letrados en firmas con políticas de
prevención tienen la misma probabilidad de sufrir acoso laboral o sexual que
los que ejercen en entidades donde no las hay. En este sentido, la IBA anima a
las entidades jurídicas a luchar contra esta lacra, pero advierte de que se
trata de un problema que no es exclusivo en la abogacía, por lo que el cambio
“no tendrá lugar de la noche a la mañana”.
