El boicot lanzado por los trabajadores de Coca-Cola contra los productos de la compañía tras la presentación del ERE se ha llevado por delante casi la mitad de sus ventas. Coca-Cola Iberian Partnes, el nuevo embotellador único del grupo, admitió este desplome ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que lo reflejo así en la sentencia dictada la semana pasada por la que se declaraba la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo.
"Las ventas en la zona centro de productos de Coca-Cola, medidas en cajas físicas, sufrieron una reducción del 48,6 por ciento a fecha de 28 de febrero de 2014 en relación con las realizadas a 28 de febrero de 2013", se recoge en la resolución.
Según confirman fuentes sindicales, es la mayor caída registrada nunca por la empresa y afecta a las comunidades autónomas a las que abastecía la fábrica de Fuenlabrada, ahora cerrada. Se trata de Madrid y la mayor parte de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Lo peor además para el gigante de refrescos es que, según informes periciales aportados por el comité de empresa, con datos de la propia compañía, no se prevé que las ventas vuelvan a crecer al menos hasta el año 2017. Aunque la compañía, que ha declinado atender las llamadas de este periódico, no lo ha especificado, todo indica, según los sindicatos, que el mayor desplome se produjo sobre todo a partir de la segunda quincena de enero.
Coca-Cola Iberian Partners anunció la presentación del ERE a finales del año pasado pero no fue hasta el 22 de enero cuando confirmó el cierre de la planta de Fuenlabrada, junto a las de Asturias, Palma de Mallorca y Alicante. En el informe técnico presentado por la multinacional a los representantes de los trabajadores para justificar la regulación de empleo, la embotelladora señala que Casbega, la segunda embotelladora hasta ahora del grupo y responsable de la producción en la zona centro, es una de las firmas del grupo que ha registrado una mayor caída de ventas en los dos últimos años.
El importe neto de la cifra de negocios se redujo en 2012 a 549 millones de euros, lo que supuso un 9,8 por ciento menos. Y el resultado de explotación bajó en ese mismo periodo un 61,1 por ciento. La empresa pasó de ganar 80,5 millones a 31,3 millones de euros.
El deterioro continuó a lo largo de los primeros nueve meses de 2013, aunque suavizándose ligeramente. En el primer trimestre, la facturación cayó un 9,7 por ciento, en el segundo un 7,5 por ciento y en el tercero un 4,1 por ciento.
Frente a estas caídas, los magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ponen especial énfasis en la sentencia en la ausencia de un plan industrial.
Sagardoy, el despacho de abogados que defiende los intereses de la multinacional, no presentó en ningún momento esa documentación, clave en el proceso, según aseguran fuentes jurídicas relacionadas con el caso. "Esa información debía estar incluida en el informe técnico y en la memoria porque constituye, precisamente, la reorganización empresarial de la producción que justificaría el despido colectivo y la finalidad del informe técnico y de la memoria es, precisamente, acreditar la concurrencia de la causa", se dice en la sentencia.
Es algo que, sin embargo, no aparece en tales documentos por lo que, según la Audiencia Nacional, no se puede saber "cómo se va a producir la reestructuración para atender a la demanda en el mercado ibérico por las diferentes plantas".
Según la sentencia, "no se proporciona ni un solo dato de la capacidad de producción de cada línea, limitaciones por tipo de producto, producción real de cada una, ni en la realidad existente sobre la que se informa, ni en los modelos que se proponen". En la compañía existe por todo ello un gran malestar con el bufete de abogados
