En la agenda que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT van
a desarrollar este año ocupa un lugar destacado todo tipo de medidas para
acabar con la discriminación entre mujeres y hombres. Este asunto atravesará
los foros y mesas de negociación de las centrales con las organizaciones
empresariales y el Gobierno al considerar impropio que en el siglo XXI las
mujeres aún sean las más perjudicadas en materia de salarios, jornada laboral o
ayudas a la maternidad y la conciliación.
La estrategia sindical tiene varios frentes y uno de ellos
es sumarse al paro internacional de mujeres convocado en todo el mundo por
diversas organizaciones del movimiento feminista para el próximo 8 de marzo.
Aunque la idea surgió en el 2016 como respuesta a la "violencia social,
legal, política, moral y verbal" contra las mujeres, es el primer año en que las centrales
españolas van a dar no solo su respaldo, sino cobertura legal a quienes quieran
secundar el paro. Se trata de que la huelga la convoquen también los
sindicatos, sensibilicen e informen de ella en los centros de trabajo y
respondan por las mujeres y los hombres en caso de represalias de las empresas.
Este lunes, las responsables de las secretarias de la Mujer
Elena Blanco, (CCOO) y Cristina Antoñanzas (UGT), anunciarán la duración de
dicho paro (unas horas o una jornada) y otras movilizaciones y propuestas que tomarán tras coordinarse con
las organizaciones feministas. Los líderes Unai Sordo y Josep Maria Álvarez
asistirán a la rueda de prensa para respaldar la campaña de las sindicalistas.
Juntos y por separado los dos sindicatos van a desplegar
acciones de sensibilización. Con la incorporación masiva de las mujeres al
trabajo en las últimas décadas, han aflorado las brechas que inclinan la balanza de la desigualdad
hacia ellas: los salarios, el empleo y los derechos como trabajadoras.
En la reunión que la semana pasada celebró el consejo
confederal de CCOO, Sordo ya anunció la celebración de paros laborales el 8 de
marzo para denunciar "la violencia machista, la brecha salarial, la
precarización del empleo, la segregación
ocupacional y la desigualdad económica y social".
UGT por su parte ha vuelto a lanzar la su campaña de
sensibilización contra el tiempo de más (aproximadamente dos meses al año) que
las mujeres europeas trabajan gratis en vista de la brecha salarial, que en
España roza el 15%, lo que tendrá repercusiones en las futuras pensiones.
Las medidas contra la discriminación de las mujeres en el
ámbito laboral deben pasar este año, según las centrales, a la negociación
colectiva y adquirir forma de ley. En este sentido UGT propondrá que una ley
obligue a las empresas a hacer públicos los sueldos de los hombres y las
mujeres para evitar la brecha.
Esta medida, ya vigente en otros países europeos, tiene que
sortear en España la dificultad de que el tejido empresarial está formado en un
90% por pymes en las que escasea la representación sindical. El problema es
determinar qué empresas estarían obligadas a facilitar estos datos y a quién en
caso de que no haya delegados sindicales.
Alemania e Islandia han adoptado iniciativas legislativas en
este sentido. En el primero caso se obliga a las empresas alemanas de más de
250 trabajadores a publicar los salarios de hombres y mujeres y a equipararlos.
En el segundo, por la que UGT se inclina,
la publicidad es obligatoria para todas las emprsas de más de 25
empleados y tienen que demostrar que cumplen con la igualdad porque de lo
contrario serán sancionadas.
La respuesta de Mariano Rajoy el pasado jueves --"No
nos metamos ahora en eso", dijo cuando le preguntaron sobre si el Gobierno
va a legislar para reducir las diferencias en las retribuciones-- causó
indignación en amplios sectores políticos y sociales y dio más fuerzas al
movimiento cara al 8 de marzo. El Jefe del Ejecutivo se quitó un tema de encima
al mismo tiempo que en el Foro Económico Mundial de Davos un panel de debate
formado exclusivamente por mujeres reclamaban su sitio en todos los ámbitos de
poder.
