Marzo cerró aparentemente con buenas noticias para el mercado laboral. Los últimos datos disponibles del paro registrado hablaban de 58.216 desempleados menos y de más de 138.086 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Pero el empleo que se está creando es aún muy precario. Más del 90% de los contratos que se registraron durante este mes fueron temporales. Y tres de cada 10 de estos contratos eventuales apenas duran una semana o incluso menos..
Pese a la "penalización" que se aplica en la cotización a la Seguridad Social por el uso de este tipo de contratos de mínima duración (la cuota empresarial por contingencias comunes se incrementa en un 36%), el uso de este tipo de contratos no sólo se continúa utilizando, sino que ha aumentado significativamente en estos últimos ocho años, en concreto, ocho puntos porcentuales desde 2009.
Su mal uso ha provocado un aumento la precarización de las condiciones de trabajo, del la inestabilidad laboral y familiar y del riesgo de siniestralidad; además de empeorar la empleabilidad de los trabajadores al no poder formarse y dificultar el acceso a las prestaciones de desempleo y Seguridad Social.
Por todo ello, se exige que se adopten medidas para evitar "el uso abusivo y fraudulento" de la contratación de muy corta duración en nuestro mercado laboral.
Las mujeres y los jóvenes, los más perjudicados
Contratos de varios días que hacen muy difícil que el trabajador pueda pensar en planes de futuro o gozar de una cierta estabilidad, y que afectan en mayor medida a mujeres y jóvenes. Así, el porcentaje de estos contratos para los hombres es del 25%, mientras que para las mujeres supone un 29% de la contratación total. Respecto a la edad, hasta los 25 años, uno de cada tres contratos registrados tiene esta duración; entre los 25 y los 45 años, el porcentaje se sitúa entre el 25% y el 28%; a partir de esa edad baja progresivamente hasta el 20%.
Por sectores, este tipo de contratos se usa fundamentalmente en actividades artísticas y de ocio (un 54,4% de los contratos del sector), la hostelería (un 43,4%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (casi el 36%).
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