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lunes, 4 de febrero de 2013

AGROLIMEN RESULTADOS 2011

Agrolimen, el conglomerado alimentario catalán propiedad de la familia Carulla, registró unas pérdidas netas de 122,3 millones de euros en el ejercicio 2011, según las últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.   Es una cifra que contrasta con los beneficios de 18,4 millones que registró un año antes.
El cambio de tendencia en la evolución de la compañía, propiedad de marcas como Gallina Blanca o Pans and Company, y su entrada en números rojos no está relacionado, en teoría, con la evolución de su negocio tradicional de alimentación, sino que se debe a aventuras empresariales que no fructificaron en otros segmentos de negocio, según explican fuentes próximas a la empresa. Los proyectos para diversificar la inversión puestos en marcha no han acabado de fructificar y los Carulla han optado por amortizar estas inversiones centradas en el ámbito de capital riesgo y que se canalizaban a través de la sociedad Quercus Equity Partners.

Constituido en 2004, Quercus fue el vehículo que la familia utilizó para invertir en segmentos ajenos al gran consumo. Entre algunas de las inversiones que se llevaron a cabo en su día destacan, por ejemplo, la aerolínea de bajo coste Clickair, que posteriormente se fusionó con Vueling; la empresa de instalaciones musicales y de iluminación para espectáculos Música Viva, y la productora de paneles luminosos Odeco Electrónica.

Agujero contable
El problema es que, más allá de las pérdidas, la empresa se encontraba en una situación financiera complicada, al menos a 31 de diciembre de 2011. A la espera de que se auditen y conozcan los datos del último ejercicio, Agrolimen contaba a esa fecha con un fondo de maniobra negativo de 88,5 millones de euros, frente a unos 26,4 millones en 2010. Es decir, que sus activos realizables a corto plazo no son suficientes para cubrir los compromisos financieros inmediatos.
Su memoria especifica, no obstante, que para hacer frente a este fondo de maniobra negativo, "la sociedad cuenta con las respectivas previsiones de reparto de dividendos de su cartera de participadas en el corto plazo, así como líneas de crédito con diferentes entidades financieras".

Todo indica, sin embargo, que la situación se ha podido aliviar en 2012. Y es que Agrolimen vendió el año pasado el 50 por ciento de la sociedad Arbora Ausonia a la multinacional Procter & Gamble por un importe de unos 800 millones de euros, lo que permitirá estabilizar sus cuentas. Con esta transacción, el gigante norteamericano pasó a controlar las marcas de higiene Evax, Ausonia o Dodot. Según consta en su balance, a cierre de 2011 participaban en el capital de Agrolimen dos sociedades con domicilio en Holanda: Venelpark B.V., con un 14,06 por ciento del capital, y Merimare Investments Amsterdam, B.V., con un 15,64 por ciento. Asimismo, se resalta que ambas son los únicos accionistas con más de un 10 por ciento del capital. La compañía no aclaró si se mantienen activas en la actualidad.

Precisamente, en una de estas sociedades está el origen de una investigación de la Audiencia Provincial de Barcelona para determinar si los hermanos Carulla defraudaron a Hacienda. El juez investiga si hubo conducta delictiva "en un reparto de dividendos desde la sociedad Arborinvest por importe de 61,5 millones que acabaron aterrizando en los patrimonios respectivos de los imputados sin tributar los impuestos de la renta y patrimonio en 2006. Presuntamente, la sociedad Merimare vendió a Arborinvest las acciones con las que participaba en esta empresa a cambio de esos 61 millones. El sistema fiscal holandés permite que una sociedad domiciliada en los Países Bajos que tenga más de un 5 por ciento de una filial en el extranjero esté exenta del pago de impuestos al repatriar dividendos. Entre las empresas españolas es una práctica cada vez más habitual tener así firmas matrices domiciliadas en Holanda para lograr un ahorro en la factura fiscal. Los dueños de Agrolimen han defendido siempre, en cualquier caso, la legalidad de todas sus actuaciones, negando desde el primer momento la existencia de un posible fraude fiscal.

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