Uno de los asuntos más polémicos de la última reforma laboral, que levantó ampollas entre los distintos agentes del mercado de trabajo fue el cambio introducido en la denominada ultraactividad de los convenios colectivos.
O lo que es lo mismo, la reforma terminó con la prórroga automática e ilimitada en el tiempo del contenido de los convenios en el caso de no haber acuerdo para su renovación. Así estableció que desde el 7 de julio de 2012, transcurrido un año tras el vencimiento y denuncia de un convenio colectivo por cualquiera de las partes y, salvo pacto en contrario, su contenido decaía. Y los trabajadores se quedaban sin la cobertura de ese convenio.
Se trataba de una reivindicación histórica de una parte del empresariado, pero que, luego en la práctica, no se ha mostrado tan útil para la mayoría de los negociadores patronales. “A la hora de la verdad, ningún empresario quiere el descontrol que supone no tener las relaciones laborales ordenadas en un convenio ya sea de empresa o de sector”, asegura un dirigente patronal.
Así lo ratifica un estudio de los convenios publicados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, que ha realizado la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo. Este señala que el 43% de los trabajadores protegidos por estos acuerdos mantiene viva la ultraactividad, hasta que se pacte un nuevo convenio, a pesar del límite puesto por la nueva ley. El 33% de los trabajadores se acoge al nuevo tope de un año de ultraactividad tras la denuncia del convenio. Un 20% amplía el plazo legal de esta prórroga de 12 a 36 meses y el 4% amplía este plazo a más de 36 meses.
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