El Ministerio de Hacienda ha iniciado ya los primeros contactos informales con sindicatos y empresarios para abordar cómo tributará, finalmente, la indemnización por despido. En el anteproyecto de ley de la reforma fiscal, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Gobierno fija en 2.000 euros por año trabajado el límite a partir del cual habría que tributar por este concepto. Ahora sin embargo, Hacienda estudia elevar ese tope para que menos contribuyentes se vean afectados y no tengan que renunciar a parte de ese colchón cuando pierdan su empleo.
Para fijar este tope de 2.000 euros, el Ejecutivo hizo una estimación de las indemnizaciones por despido pagadas entre los años 2010 y 2012, y estudió el efecto que esta medida tendría sobre las mismas. Es por ello que la aseveración por parte de Hacienda de que el 80% de las indemnizaciones quedarían exentas de tributar no deja de constituir un cálculo aproximado, que puede variar notablemente en la coyuntura actual.
Fuentes próximas al Departamento que dirige Cristóbal Montoro explican que el Departamento va a convocar en breve a los agentes sociales para el primer encuentro oficial en el que se abordará de lleno este asunto. En principio, el Ministerio de Empleo quedaría fuera de estas negociaciones, que llevaría en exclusiva los responsables del Ministerio de Hacienda.
Ayer mismo, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se mostró abierto a modificar esta propuesta, que rechazan también todos los partidos de la oposición parlamentaria, insistiendo en el mensaje lanzado por el propio Cristóbal Montoro durante la presentación del anteproyecto a finales de la semana pasada.
Como explica en elEconomista Ramsés Pérez-Boga, vicepresidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, en este momento es complicado desde el punto de vista social tocar esta figura. En su opinión, esos 2.000 euros de límite de exención "deberían elevarse con contundencia", porque resultan un tope "ridículo", en tanto que obligaría a tributar por su indemnización a trabajadores con sueldos de 20.000 euros brutos anuales, que en ningún caso son elevados.
Pérez-Boga incide en que existen otras fórmulas de actuación posibles, que habría que valorar con cautela. Una de ellas podría ser que los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo tengan algún tipo de exención o beneficio hasta que vuelvan a colocarse -España es uno de los países de la Unión Europea en los que más cuesta encontrar un nuevo empleo-. Sin embargo, una medida de este tipo debería aplicarse con todas las precauciones para evitar la picaresca.
El ministro Montoro también tendió ayer la mano al resto de formaciones políticas para buscar "zonas de entendimiento, coincidencias y puntos de encuentro" en torno a la reforma fiscal. En el marco de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montoro apuntó que la economía española está "entrando en un círculo virtuoso" que permite abordar una reforma fiscal ambiciosa que "no va a mermar en modo alguno la recaudación tributaria".
Fue su respuesta rotunda al portavoz socialista, Pedro Saura, quien aseguró que la propuesta del Gobierno ni va a estimular el crecimiento, ni la creación de empleo, sino que elevará el déficit público y aumentará la brecha entre ricos y los pobres.
En medio de este debate, Hacienda llevará mañana al Consejo de Ministros el techo de gasto que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2015. Será después de que Montoro se reúna esta tarde con los responsables autonómicos del área en el marco del Consejo de Política Fiscal que abordará los objetivos de déficit y la reforma fiscal.
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