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domingo, 14 de octubre de 2018

SUBIDA DEL SALARIO MINIMO A 900 EUR


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Cuando, en los años 2012 y 2014 se congeló en España el salario mínimo inteprofesional (SMI), o solo se incrementó un paupérrimo 0,6% en el 2013, uno de los argumentos en contra de los que exigían mayores subidas fue que este indicador ya se utilizaba muy poco o que la mayoría de los convenios colectivos lo superaban de largo. Sin embargo, su importancia ya empezó a hacerse notar a finales del 2017, cuando el Gobierno del PP y los sindicatos CCOO y UGT acordaron que el SMI se incrementaría progresivamente hasta alcanzar los 850 euros en el 2020.

Ya entonces se incluyó un apéndice en el pacto en el que se advertía que estos ritmos de subidas no tendrían que trasladarse automáticamente a los convenios, aunque estos reflejasen que los incrementos salariales irían acompasados a los del SMI, dado el carácter extratordinario de ese aumento. Eso sí, ningún salario debería quedar en por debajo del mínimo fijado por ley. Siendo consecuentes con los argumentos de los años de congelación del SMI, esta obligación no debería causar ningún problema grave a la economía y a las empresas dado que la grandísima mayoría ya paga más a sus asalariados que estas cifras.

Pero tras el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidos Podemos que incluye una subida del 22,3% del SMI en enero del 2019 hasta situarlo en 900 euros mensuales han saltado las alarmas en las organizaciones empresariales, empezando por la CEOE, la gran patronal. Según la oficina de estadísticas europeas Eurostat, España es el país en el que menos trabajadores cobran el salario mínimo, al menos hasta ahora, el 1%. Posiblemente porque su importe era excesivamente bajo en relación con el coste de la vida en el país.

Pero, vistas algunas reacciones empresariales, es lícito pensar que las estadísticas son erróneas y que hay muchos más empleados cuyo sueldo se asemeja al actual SMI de 736 euros. Y por ello, una subida hasta 900 euros crea tanto resquemor que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha sentido interpelado y ha considerado necesario advertir al Gobierno español que hay que ser "cuidadoso" con este valor. Por suerte, o por decencia, el economista del organismo añadió que algunas subidas tienen justificación "por cuestiones sociales". No está mal recordarlo dado que una de las peores consecuencias de esta larga crisis ha sido que cada vez hay más trabajadores con empleo que, pese a ello, viven en el umbral de la pobreza.

En la explicación de la medida, el Gobierno explica que pretende fomentar "un crecimiento salarial más dinámico", con salarios que "garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias". En definitiva, frenar la explotación laboral, para decirlo sin tantos subterfugios.

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