GALLINA BLANCA DISPARA SUS BENEFICIOS

La familia Carulla celebra el éxito de sus inversiones alimentarias. Propietarios de GB Foods, el fabricante de productos como Avecrem y Gallina Blanca, en 2017 dispararon los resultados de la división tras apostar con fuerza por el negocio en África. El año pasado, la compañía elevó la facturación el 35,2% y los beneficios el 38,8% tras adquirir el grupo Watanmal por 187 millones de euros.

Las cuentas a las que ha tenido acceso Economía Digital desvelan que la compañía alcanzó unas ganancias de 38,7 millones de euros frente a los 27,9 del año anterior. Lo hicieron casi al mismo ritmo que las ventas, que subieron desde los 540,2 millones hasta los 730,9 millones de euros. El objetivo es alcanzar los 1.000 millones este 2018.

De este modo, la filial Jumbo África, el nombre bajo el que se distribuye el Avecrem en el continente, logró un resultado de explotación de 17,1 millones de euros. Gallina Blanca sigue siendo la sociedad del entramado más rentable, con un Ebitda de 26,3 millones de euros. La división italiana Star alcanzó los 18,3 millones.

Además, la corporación de los Carulla logró expandirse sin desatar la deuda financiera. El pasivo con la banca creció desde los 47,5 millones hasta los 54,8 millones tras solicitar préstamos por 55 millones pero devolver de manera anticipada otros créditos por valor de 65 millones de euros.

El asalto de los Carulla al continente africano

El pasado 1 de mayo, GB Foods firmó la adquisición de la empresa Watanmal junto al fondo de inversión privado Helios Investment Partners. La operación se articuló a través de la creación de una empresa conjunta que compró los derechos de las marcas de tomate Gino y Pomo, la marca de leche en polvo y mayonesa Jago así como la distribución en África de la mayonesa Bama.

La estructura de la propiedad de la compañía quedó repartida con GB Foods con un 51% y Helios con el 49% restante. Asimismo, la empresa resultante incorporó tres fábricas: una situada en Ghana y otras dos en Nigeria con 600 personas en total.

Hasta entonces, la compañía catalana contaba con 450 empleados en África y dos plantas, una en Argelia y otra en Senegal. "Nigeria y Ghana tienen un enorme potencial de crecimiento", destacó el consejero delegado, Ignasi Ricou.

Desde el grupo familiar resaltaron que la operación permitía entrar en nuevas categorías, con lo que la empresa aspiraba a doblar su volumen. En 2017 el crecimiento fue del 35,2% y el objetivo es alcanzar los 1.000 millones a lo largo del próximo ejercicio.

PwC vuelve a tocarles la cara

Tras analizar los números del año, PwC volvió a denunciar la falta de información en las cuentas. En su auditoría, los analistas de la firma advirtieron de que la empresa "no incluye los datos sobre sueldos, dietas y remuneraciónes de cualquier clase obtenidos por el personal de alta dirección". Tampoco están presentes "los anticipos, créditos, pensiones y seguros" firmados con los primeros ejecutivos.

Economía Digital ya advirtió que el auditor ya incluía la misma salvedad en su informe de 2016, que violenta la ley de sociedades de capital y el plan general de contabilidad español. "Las cuentas se han formulado según la legislación vigente", se limitó a contestar un portavoz de la empresa

EL GOBIERNO ANULARA LAS SENTENCIAS DEL FRANQUISMO

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha avanzado este miércoles que el Gobierno estudiará la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco, dentro de una serie de medidas que comprenden también una reforma "integral" de la Ley de la Memoria Histórica de 2007.

Delgado ha hecho este anuncio en su comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso para presentar sus líneas de actuación, en la que ha dedicado un apartado al tema de la memoria histórica porque "es inaceptable", ha dicho, que "España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya".

La ministra ha afirmado que es necesario actualizar la ley de 2007 para "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad y resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos que estudió el asunto en 2011".

Esta comisión impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendó que los restos del general Francisco Franco, enterrados en este lugar, sean trasladados al sitio que designe la familia o, en su caso, al que se considere digno y más adecuado.

Dentro de esta reforma de la Ley de Memoria Histórica es también intención del Gobierno, ha explicado, "retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento".

Por último, ha anunciado que el Ejecutivo reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.

"No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento", ha asegurado Delgado.

Para la ministra es inconcebible también que "haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial" y que tengan que acudir a otro país para que se les escuche.

Ha recordado que el Gobierno ha establecido una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que establecerá planes de búsqueda de desaparecidos y publicará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil, entre otras cosas.

PREVALENCIA DEL CONVENIO SECTORIAL

El Gobierno se ha comprometido hoy con patronal y sindicatos a convocar este mes la mesa de diálogo social para una negociación que tendrá como prioridades devolver la prevalencia al convenio sectorial y limitar la subcontratación, lo que supone revertir medidas de la reforma laboral del PP de 2012.

Además, se reformará la formación profesional para el empleo, se estudiará adaptar las jornadas de trabajo como alternativa al despido y se fomentarán las políticas de igualdad, al tiempo que se revisará el contrato en prácticas y se promocionará el contrato relevo, ha informado Presidencia del Gobierno tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha añadido por la tarde durante su primera comparecencia en el Congreso que también se endurecerán los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser un mecanismo excepcional, al tiempo que se recuperará la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia, cuestiones que también se facilitaron con la reforma del PP.

La reactivación de la mesa de diálogo social vendrá acompañada de la puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo, entre los que habrá uno específico en materia de pensiones para hablar de medidas que garanticen la sostenibilidad social y económica del sistema público y su equilibrio financiero.

También a más largo plazo se pretende revisar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, para convertirlo en una norma del siglo XXI y que deje de ser "un puro catálogo de poderes empresariales", ha afirmado Valerio.

Asimismo, se reforzarán las labores de la Inspección de Trabajo para combatir las malas prácticas laborales alrededor de la figura del falso autónomo y los abusos de la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial no voluntaria, que además encubre jornadas a tiempo completo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han mostrado dispuestos a hablar de pensiones y de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero han reclamado que se tomen medidas de choque de forma inmediata para poner coto a la subcontratación y a la temporalidad y para poder aplicar el acuerdo salarial a las subcontratas del sector público.

Para los sindicatos es urgente acabar con la subcontratación que supone una competencia desleal por parte de empresas con un modelo de bajos salarios, a lo que suman la necesidad de derogar la prevalencia del contrato de empresa.

A ello han añadido la necesidad de cambiar cuanto antes la ley de desindexación que limita las subidas salariales de los trabajadores subcontratados por las Administraciones Públicas a las establecidas en los presupuestos para el sector público.

De lo contrario, a estos trabajadores de empresas subcontratadas por el sector público no se les podría aplicar la subida del 2 % más el 1 % variable pactada con la patronal para el periodo 2018-2020, además de la elevación progresiva a 14.000 euros del salario mínimo en convenio colectivo.

En opinión de Sordo estos elementos podrían contar con un amplio consenso político y se podrían plasmar en la proposición de ley del PSOE sobre subcontratación que ya se está tramitando en el Congreso y que podría agilizarse a partir de septiembre para quedar aprobada a final de año.

REUNION TRIPARTITA EN LA MONCLOA - SINDICATOS - PATRONAL - GOBIERNO

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, se reunirán en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para presentarles el acuerdo de salarios.

Será la segunda vez que el presidente del Gobierno reciba a los agentes sociales después de la primera toma de contacto que tuvo con ellos el pasado 13 de junio, donde el Ejecutivo confirmó que su debilidad parlamentaria le impide derogar la reforma laboral de 2012.

Los dirigentes empresariales y sindicales firmaron oficialmente el pasado jueves el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por el que los salarios subirán hasta un 3% por cada año del periodo 2018-2020.

El acuerdo contempla un apartado donde sindicatos y empresarios listan una serie de temas que quieren llevar a la negociación tripartita con el Gobierno, entre ellos la formación y el establecimiento de límites a las externalizaciones de las empresas.

Subidas para los salarios más bajos

El acuerdo contempla, por cada año de vigencia, aumentos salariales cercanos al 2% más un 1% variable ligado a determinados factores, como productividad, resultados o absentismo injustificado.

Los objetivos del acuerdo pasan por impulsar la creación de empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas y luchar contra la economía sumergida.

Consta de dos partes: el pacto de negociación colectiva en sí, de carácter bipartito, y un anexo donde sindicatos y empresarios mencionan una serie de temas que, de común acuerdo, quieren abordar con el Gobierno en el marco del diálogo social tripartito.

Además de subidas salariales de hasta el 3% por cada año de vigencia del acuerdo (2018-2020), los agentes sociales instan a que, de manera progresiva, se establezca un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales (1.000 euros al mes por catorce pagas).

Según cálculos de CCOO, esta medida podría conllevar incrementos salariales en la mayoría de los convenios de entre el 12% y el 20% y, en algún caso concreto, podría suponer aumentos incluso de hasta el 38%.

Asimismo, y entre otros elementos, el acuerdo emplaza a las Administraciones Públicas a que, cuando haga contratos públicos, tenga en cuenta los criterios salariales establecidos en este pacto.

Al mismo tiempo, el acuerdo contempla la posibilidad de que los convenios incluyan cláusulas de revisión salarial, cuya redacción dejan a elección de los negociadores, y medidas para impulsar la renovación y actualización de los convenios mediante la articulación de reglas sobre vigencia, 'ultraactividad' y procedimiento negociador.

MORIR DE UN INFARTO EN EL GIMNASIO PUEDE SER ACCIDENTE LABORAL

Morir de un infarto mientras se entrena en el gimnasio se puede considerar un accidente laboral si los síntomas de éste tienen su origen en el trabajo. Así lo acaba de decretar el Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de una mujer que reclamaba a la Seguridad Social que considerase que la muerte de su marido, quien falleció a los 54 años practicando deporte, se debió a su actividad profesional

y que, por lo tanto, la pensión que merecía

debía tener en cuenta tal circunstancia.

El hombre, que trabajaba en Vigo como abogado para una empresa pesquera, murió de una cardiopatía isquémica en mayo del año 2009 mientras se ejercitaba en el gimnasio que su compañía pagaba a los directivos de la sociedad. Años antes le habían diagnosticado un problema cardíaco por el que le tuvo que ser implantado un triple bypass, y poco antes del infarto sus compañeros de despacho advirtieron que no se encontraba bien.

El Instituto Social de la Marina, adscrito a la Seguridad Social, calificó la muerte como una contingencia común y asignó a su viuda una pensión acorde con esa calificación, equivalente a la mitad de la base reguladora de la cotización social de su marido, a la que añadió una indemnización de 36 euros. Ella recurrió alegando que fue un accidente laboral y que su subsidio debía ser completado con una indemnización más elevada: la pensión de pago único previsto para esos casos, equivalente a seis mensualidades de la base reguladora para ella y otra mensualidad para su hijo. Tanto el juzgado de lo Social de Vigo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazaron esa posibilidad.

Ahora, casi nueve años después, la sala de lo Social del Supremo le ha dado la razón en una sentencia en la que los jueces advierten de que aunque la muerte se produjera fuera del trabajo e incluso realizando una actividad de ocio que podría estar contraindicada para los síntomas de un infarto, eso no significa que éste no tuviera su origen en el ámbito profesional.

“Se reputa accidente laboral la enfermedad surgida en el tiempo y lugar de trabajo, y esa presunción no se destruye por el simple hecho de haber padecido molestias en momentos o fechas anteriores al infarto”, dice el fallo, que recuerda que si bien el abogado murió cuando ya había concluido su jornada matinal de trabajo, los primeros síntomas aparecieron precisamente mientras se desarrollaba el mismo.

La sentencia recuerda que el hombre se encontraba tramitando una importante operación de compra-venta de un buque para su empresa, y que empezó a encontrarse mal en la notaría donde acudió a formalizarlos y posteriormente en las oficinas de su empresa. Sus propios compañeros declararon de que lo vieron “pálido y sudoroso”, y que le recomendaron acudir al gimnasio que la empresa pagaba a los directivos para que intentara recuperarse.

“Estamos ante un supuesto de dolencia arrastrada, que ha nacido con carácter profesional porque se detecta en lugar y tiempo laborales”, concluye el fallo.

AUMENTO BAJA PATERNAL = 5 SEMANAS

Siete días. Ese es el tiempo que tienen de más los varones que desde hoy se han convertido en padres respecto a los que lo hicieron antes de que sonaran las campanadas de medianoche. En total, cinco semanas, algo que para muchos resultará insuficiente al compararlo con lo que se prevé que puedan disfrutar los que se conviertan en progenitores en un futuro próximo (a partir del 2019): dieciséis semanas, como las madres. El sueño de decenas de miles de hombres que hasta hace una década apenas sí disfrutaban de dos días de permiso “para hacer el papeleo”, es decir, inscribir al recién nacido y gestionar la baja maternal de la madre. Sí, no fue hasta marzo del 2007 que aquellos miserables dos días se convirtieron en dos ­semanas.

Más allá del derecho del padre a disfrutar de un permiso para atender al bebé, mientras la madre se recupera hay quienes se cuestionan la idoneidad de estas semanas cuyo coste es sostenido por las arcas públicas y que muchos empresarios ponen en cuestión por lo que supone prescindir del trabajador durante un corto periodo de tiempo. ¿Es realmente útil este permiso?, ¿en verdad es un instrumento para la corresponsabilidad de los cuidados del bebé?, ¿ayuda a incrementar la natalidad?

“Para lo que sí es verdaderamente útil el permiso paternal es para eliminar los prejuicios que muchos empresarios tienen contra las mujeres jóvenes. No tanto con las cinco semanas que hoy entra en vigor –que también–, sino especialmente, cuando se aprueben las dieciséis que equipararán a hombres y mujeres. Ya no tendrá sentido esa pregunta que con regularidad se hace a las mujeres cuando acuden a una entrevista de trabajo sobre si piensan tener hijos. Los empresarios justificaban su negativa a contratar a una candidata en que una mujer joven iba a faltar de su puesto de trabajo 16 semanas. Desde el momento en que el hombre adquiere el derecho a tener esas semanas ya no tiene sentido. Creo, desde el punto de vista de la discriminación laboral femenina, que los permisos son un arma útil”, explica María José López Álvarez, profesora de Derecho Económico y Social de la Universidad Pontificia Comillas.

Nadie discute que la maternidad dificulta claramente la vida laboral de la mujer, por decirlo de una manera suave. Algo que se comprueba en los datos relativos a la brecha salarial. El estudio de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) La brecha salarial relacionada con la maternidad señala que las mujeres soportan una doble brecha salarial: respecto a los hombres y también entre ellas en función de si son madres o no. Así, el sueldo de las españolas es un 17% más bajo que el de los varones, y si tienen hijos ganan de media un 5% menos que las que no tienen. A esto hay que sumar el llamado techo de cristal, que no es otra cosa que las dificultades que encuentra una mujer para alcanzar puestos directivos, en buena parte, a consecuencia de su maternidad.

 En el camino para acabar con la discriminación laboral femenina, López Álvarez defiende que cualquier permiso debe ser obligatorio, pagado e intransferible, en alusión al que el grupo parlamentario de Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados y que ha recibido el apoyo unánime de la Cámara. “Se ha demostrado que, cuando el padre sabe que tiene ese derecho, lo usa, pero si es voluntario (actualmente, de las 16 semanas de la madre, diez pueden ser transferidas al padre), no lo hace, porque cree que le penaliza en el trabajo”. Según los datos de la Seguridad Social relativos al primer trimestre de este año, 62.832 mujeres y 64.505 hombres se tomaron sus respectivos permisos parentales, 16 semanas ellas y 4 ellos. En cambio, no llega al 2% los padres que optaron por repartirse con la madre las semanas voluntarias.

Lo que sí parece demostrado es que los permisos paternales no incrementan la natalidad. La economista Libertad González lo asegura con rotundidad, y lo hace tras haber realizado un seguimiento de parejas desde el año 2007 (cuando se amplía de 2 a 13 días el permiso) hasta el 2013. “La investigación deja claro que los permisos de paternidad son medidas para fomentar la corresponsabilidad del padre en la tarea de cuidado de los hijos, es una medida claramente igualitaria, pero no es un incentivo para tener hijos”, afirma González. Esta profesora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la también economista Lidia Farré, investigadora del Institut d’Anàlisi Econòmica, comprobaron que las familias que tuvieron acceso a la nueva baja de paternidad tardaron más en tener el siguiente hijo que las familias del grupo de control, y muchas de ellas de hecho no tuvieron más descendencia.

El 24 de junio, el Congreso apoyó por unanimidad que padres y madres tengan el derecho a disfrutar de 16 semanas cada uno, intransferibles, y con una prestación del 100% de la base reguladora. Pero la equiparación, en principio, no sería inmediata. Los padres irían sumando semanas (en cuanto se aprueben los presupuestos tendrán cinco) en un plazo de seis años, según la propuesta presentada por Podemos y que podría sufrir cambios en el trámite ­parlamentario.

La equiparación de los permisos parentales se ha convertido en uno de los objetivos del Ministerio de Igualdad, que dirige Carmen Calvo, junto a la ley de Igualdad Salarial. En este caso, hay dos proposiciones de ley muy parecidas, presentadas por Podemos y PSOE. La primera recibió el apoyo de todos los grupos (el PP se abstuvo) el pasado febrero y tiene como fin acabar con la brecha salarial por ley. Sólo un país, Islandia, tiene una norma de estas características. Desde el 1 de enero, las empresas están obligadas a auditar los salarios de sus trabajadores y sus complementos.

En cuanto a los permisos parentales, el texto de Podemos señala que las 16 semanas estarán divididas en dos periodos: el inicial y otro denominado “permiso parental para la crianza”. El primero será de dos semanas de disfrute obligatorio y simultáneo a tiempo completo nada más nacer el bebé. El segundo permiso, de 14 semanas, es el que los padres podrán disponer más a su antojo ya que no es preciso que los dos disfruten al mismo tiempo, sino alternando los permisos, extendiendo así la atención al pequeño, al menos, seis meses.

MULTA A DELIVEROO POR TENER FALSOS AUTONOMOS

Inspección de Trabajo ha impuesto a la empresa Deliveroo el pago de 1,3 millones de euros en concepto de cuotas dejadas de abonar a la Seguridad Social por sus repartidores y la obliga a darlos de alta en el régimen general tras considerar que no se trata de trabajadores autónomos.

El Colectivo Ronda, que representa a un grupo de trabajadores riders (repartidores) de Deliveroo, ha informado de esta decisión de Inspección de Trabajo, que ha aprobado un acta en el que determina que la relación de los repartidores con la multinacional es de carácter laboral y no mercantil, como defiende la empresa.

En concreto, Inspección de Trabajo considera que Deliveroo impone a sus repartidores "de forma fraudulenta" la vinculación mercantil y les obliga a ser autónomos, aunque actúa como empresario al marcar condiciones en la prestación del servicio como los horarios y los períodos de descanso.

Acredita que es la empresa la que organiza el sistema de reparto en exclusiva

Según el Colectivo Ronda, el acta rechaza también el nuevo contrato que Deliveroo ofrece a sus repartidores desde este mes de julio, que abre la puerta a un reconocimiento como TRADE (Trabajador Autónomo Dependiente Económicamente), por mantener la relación mercantil.

Inspección de Trabajo ve acreditado que es la empresa "la que organiza de forma exclusiva y en su totalidad la prestación del servicio de reparto de comida", al mismo tiempo que "controla la efectiva prestación del servicio que prestan y que constituye su actividad empresarial". Con ello, rechaza que los repartidores tengan una posibilidad real de actuar con la autonomía organizativa que es propia de los autónomos.

Primera condena contra Deliveroo por la situación de sus repartidores: son falsos autónomos

 El abogado del Colectivo Ronda que colaboró en la presentación de la primera denuncia ante la Inspección de Trabajo, Natxo Parra, ha asegurado que el acta "recoge y avala punto por punto el contenido de nuestra denuncia".

El acta de Inspección de Trabajo en Barcelona va en la línea de otras decisiones tomadas en Valencia y Madrid, y de la primera sentencia que se ha emitido hasta ahora en España en relación con el conflicto entre la multinacional de reparto de comida y algunos riders.