La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe en el que insta a los Estados miembros a proteger a los usuarios más vulnerables de luz y gas y a regular la pobreza energética, es decir, aquellos usuarios que no pueden mantener su hogar por encima de los 18 grados centígrados en invierno o que destinan más de un 10% de su renta al gasto en energía, sin contar el transporte.
El documento, al que tuvo acceso elEconomista, analiza los diferentes mecanismos que utilizan los países de la Unión Europea, como la tarifa protegida de España (bono social), que está congelada desde 2009. No obstante, la Comisión considera necesario que los gobiernos se involucren en mayor medida, teniendo en cuenta que la pobreza energética ha crecido exponencialmente en los últimos años.
En este sentido, Bruselas aboga por que los países identifiquen y aborden los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los consumidores. "Es responsabilidad de los Estados miembros asegurar una adecuada combinación de políticas para proporcionar el mejor nivel de apoyo a los consumidores en situación de vulnerabilidad", añade.
En un momento donde España acaba de afrontar una reforma energética, la Comisión sugiere iniciativas como apoyar a los clientes con el pago de sus facturas o adoptar medidas para reducir el consumo y mejorar la eficiencia.
Pobreza energética
En el último lustro no han cesado de incrementarse los cortes de luz por impago, aunque de estos es muy difícil discernir cuántos se deben a la pobreza energética. Lo que sí ha transcendido en diferentes estudios es que unos 3,2 millones de clientes en España se encuentran en una situación vulnerable.
Según el informe Pobreza Energética, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en los últimos años el porcentaje de los ingresos que los hogares destinan a las facturas de energía se ha incrementado un 25 por ciento, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, siendo la electricidad la principal responsable de este aumento.
Y es que el recibo de la luz es el gasto más importante en las facturas del hogar, por encima del gas, y se ha incrementado un 67% desde el principio de la crisis.
El documento de Bruselas destaca los esfuerzos de Reino Unido por regular la pobreza energética y proteger a los consumidores más vulnerables. Por su parte, el Gobierno español ultima el visto bueno de un Real Decreto de Suministro, que se anunció en el marco de la reforma energética, donde se incluyen los nuevos criterios para poder acceder a esta tarifa protegida, denominada bono social.
Llama la atención que este tema de primera necesidad se haya demorado un año desde que se aprobó la reforma. En concreto, los cambios aprobados por el Ministerio de Industria para atajar el déficit de tarifa se recogen en 9 reales decretos leyes y 14 reales decretos. De éstos, tan sólo faltan 4 reales decretos por ver la luz, entre ellos, el mencionado que regula el nuevo bono social.
El nuevo bono social será menos ventajoso que el actual, porque se fija un descuento tope del 25% sobre el precio del resto de las tarifas reguladas (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y se encarece un 3,4% en línea con la subida del salario mínimo. Antes de la reforma y de los cambios en el recibo, el descuento superaba el 25% e iba en aumento en relación a las subidas del resto de las tarifas.
En la práctica, el borrador de la nueva norma contempla más trabas para el acceso a esta tarifa, porque se fijan topes de renta para tener derecho a este descuento sobre la tarifa convencional, aunque se cumpla con cualquiera de los requisitos que hasta ahora permitían su acceso. Así, el Ministerio de Industria establece en 10.841 euros al año la renta máxima del cabeza de familia para tener bono social.
Actualmente hay tres millones de consumidores con derecho al bono social. El Gobierno busca un uso más eficiente de esta tarifa, que actualmente se sufraga mediante el recibo del resto de consumidores eléctricos. El Ministerio insiste en que sean las eléctricas quienes soporten este coste, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha tumbado el recargo a las empresas de la actual tarifa protegida.
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