CCOO y UGT han propuesto al Gobierno "endurecer"
la regulación actual del despido objetivo, tanto individual como colectivo, y
desincentivar el uso de la contratación temporal, especialmente de muy corta
duración, mediante el incremento "significativo" de la cotización a
la Seguridad Social y el establecimiento de un sistema de penalizaciones.
Así lo recogen en un documento de propuestas que el
secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y el secretario de
Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, han enviado al secretario de Estado de
Empleo, Juan Pablo Riesgo, en el marco de la mesa de diálogo social sobre
empleo y calidad del mismo.
En concreto, y en relación con el despido, los sindicatos
piden que se impida a las empresas con beneficios justificar despidos en base a
una previsión de pérdidas o a una caída de las ventas.
También quieren elevar las indemnizaciones actuales; que se
paguen salarios de tramitación en todos los casos; que la ejecución de un ERE
requiera la aprobación de la autoridad laboral (desde la última reforma laboral
ya no es necesario); que en los casos de despidos improcedentes sean los
trabajadores los que decidan entre la readmisión o la indemnización, y que se
refuercen las consecuencias jurídicas y económicas cuando las empresas
incumplan los derechos de información, consulta y participación de los
representantes de los trabajadores en un ERE.
CCOO y UGT piden además que se refuercen las exigencias
materiales sobre las causas que justifican un despido. Así, entienden que las
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que pueden
justificar el despido objetivo deben revestir "trascendencia" y
conectarse con las decisiones extintivas, también en el despido objetivo por
ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida y el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas.
En materia de contratación, los sindicatos quieren que la
contratación fija sea la forma ordinaria de acceso al empleo en todas las
empresas, incluyendo las contratas y subcontratas, de manera que la
contratación temporal sea "excepcional" y atienda sólo a causas
justificadas. Para ello, consideran que debería valorarse el establecimiento de
un sistema de penalizaciones.
En concreto, plantean un aumento "significativo"
de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los contratos
temporales, sobre todo si son de muy escasa duración; eliminar el contrato
indefinido de apoyo a los emprendedores creado en la última reforma laboral por
ser un contrato temporal "encubierto y precario"; establecer la
nulidad de las extinciones de los contratos temporales celebrados en fraude de
ley; determinar consecuencias jurídicas efectivas que garanticen la eficacia de
la limitación del encadenamiento de contratos sobre el mismo trabajador y a su
vez prohibir el encadenamiento contractual respecto a un mismo puesto de
trabajo.
Asimismo, CC.OO. y UGT reclaman reducir la jornada de
trabajo con carácter universal a 35 horas semanales, sin que exista reducción
salarial; modificar la actual regulación del contrato a tiempo parcial y
revisar y regular también el contrato formativo.
Otras propuestas sindicales hacen referencia a la formación
dual, a la revisión de los incentivos a la contratación, y a la necesidad de
fijar medidas eficaces para garantizar los derechos laborales de los
trabajadores de las contratas, subcontratas y empresas multiservicios
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