El fiscal ha acordado con los 6 hermanos Carulla, dueños han pagado 6,4 millones a Hacienda, por el importe y los intereses de las cuotas del IRPF defraudadas.
El fiscal Pedro J. Ariche ha pedido al juzgado la apertura de juicio oral por el fraude fiscal y que acuerde el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto a los imputados Jordi, Artur, Aurèlia, Maria y Montserrat Carulla Font.
Tras el pago de la cantidad defraudada y el acuerdo alcanzado por los abogados de la familia, Fermín Morales y Emilio Zegrí, y el fiscal, éste solicita que para el sexto hermano, Lluís Carulla, se sustituya su petición de 5 penas de cuatro meses de prisión por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal informa al juez de que ha habido un acuerdo de conformidad de todas las partes, después de que el pasado mes de junio la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir por segunda vez la causa judicial por fraude fiscal contra los seis hermanos Carulla.
La Audiencia revocó el sobreseimiento de la causa acordado por el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, al considerar que existían indicios de criminalidad en la actuación de los hermanos Carulla, propietarios de la compañía Agrolimen.
Los seis hermanos Carulla están acusados por la Fiscalía de dejar de tributar por 61 millones de beneficios mediante una operación de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en países con tratamientos fiscales favorables.
El juez de instrucción, que sobreseyó inicialmente la causa en octubre del año pasado, la tuvo que reabrir en enero de 2013 a instancias de la Audiencia de Barcelona y la volvió a archivar en abril del año pasado, tras concluir que los millones que se creían evadidos correspondían a una recolocación de fondos regular entre sociedades del grupo.
Tras este segundo archivo, la fiscalía recurrió de nuevo ante la Audiencia de Barcelona, que le dio la razón.
Según la calificación fiscal, las cuotas defraudadas en el IRPF del ejercicio 2006 por cada uno de los hermanos imputados al cobrar sus dividendos eran: 938.767 euros Artur; 938.767 euros Lluis; 934.699 euros Aurèlia; 938.762 euros Montserrat; y 938.455 euros María.
El fiscal explica en su escrito que, "a excepción del acusado Lluís Carulla, a la sazón presidente ejecutivo del grupo empresarial, no consta que el resto de los socios conociesen que la operación de reparto de dividendos descrita se ejecutase de manera opaca para con el fisco obrando en la convicción de que la misma se acomodaba a la legislación tributaria española".
El fiscal también aduce que "no ha quedado suficientemente acreditada" la residencia fiscal del sexto de los hermanos, Jordi, en España durante el ejercicio 2006, por lo que pide no proceder penalmente contra él.
El fiscal informa al juez que los hermanos han depositado en la cuenta de consignaciones del juzgado la suma de 6.408.170 euros, "la cual comprende el principal y los intereses del total de las cuotas defraudadas", por lo que, aunque considera que hubo cinco delitos contra la Hacienda Pública, sólo debe responder como acusado Lluis Carulla como autor directo en su declaración de IRPF y como inductor en la de sus cuatro hermanos.
Pese a ello, el fiscal considera la atenuante "muy cualificada de reparación" y otra atenuante de "dilaciones indebidas" y por ello solicita para Lluis Carulla, para el que inicialmente pedía cinco penas de cuatro meses de prisión, cinco penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
El fiscal demanda que el juez abra juicio oral y que dicte sentencia de "estricta conformidad con la calificación aquí formulada", renunciando a cualquier prueba, salvo la confesión del acusado.
El fiscal Pedro J. Ariche ha pedido al juzgado la apertura de juicio oral por el fraude fiscal y que acuerde el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto a los imputados Jordi, Artur, Aurèlia, Maria y Montserrat Carulla Font.
Tras el pago de la cantidad defraudada y el acuerdo alcanzado por los abogados de la familia, Fermín Morales y Emilio Zegrí, y el fiscal, éste solicita que para el sexto hermano, Lluís Carulla, se sustituya su petición de 5 penas de cuatro meses de prisión por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal informa al juez de que ha habido un acuerdo de conformidad de todas las partes, después de que el pasado mes de junio la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir por segunda vez la causa judicial por fraude fiscal contra los seis hermanos Carulla.
La Audiencia revocó el sobreseimiento de la causa acordado por el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, al considerar que existían indicios de criminalidad en la actuación de los hermanos Carulla, propietarios de la compañía Agrolimen.
Los seis hermanos Carulla están acusados por la Fiscalía de dejar de tributar por 61 millones de beneficios mediante una operación de compraventa de acciones entre sociedades de su grupo, algunas con sede en países con tratamientos fiscales favorables.
El juez de instrucción, que sobreseyó inicialmente la causa en octubre del año pasado, la tuvo que reabrir en enero de 2013 a instancias de la Audiencia de Barcelona y la volvió a archivar en abril del año pasado, tras concluir que los millones que se creían evadidos correspondían a una recolocación de fondos regular entre sociedades del grupo.
Tras este segundo archivo, la fiscalía recurrió de nuevo ante la Audiencia de Barcelona, que le dio la razón.
Según la calificación fiscal, las cuotas defraudadas en el IRPF del ejercicio 2006 por cada uno de los hermanos imputados al cobrar sus dividendos eran: 938.767 euros Artur; 938.767 euros Lluis; 934.699 euros Aurèlia; 938.762 euros Montserrat; y 938.455 euros María.
El fiscal explica en su escrito que, "a excepción del acusado Lluís Carulla, a la sazón presidente ejecutivo del grupo empresarial, no consta que el resto de los socios conociesen que la operación de reparto de dividendos descrita se ejecutase de manera opaca para con el fisco obrando en la convicción de que la misma se acomodaba a la legislación tributaria española".
El fiscal también aduce que "no ha quedado suficientemente acreditada" la residencia fiscal del sexto de los hermanos, Jordi, en España durante el ejercicio 2006, por lo que pide no proceder penalmente contra él.
El fiscal informa al juez que los hermanos han depositado en la cuenta de consignaciones del juzgado la suma de 6.408.170 euros, "la cual comprende el principal y los intereses del total de las cuotas defraudadas", por lo que, aunque considera que hubo cinco delitos contra la Hacienda Pública, sólo debe responder como acusado Lluis Carulla como autor directo en su declaración de IRPF y como inductor en la de sus cuatro hermanos.
Pese a ello, el fiscal considera la atenuante "muy cualificada de reparación" y otra atenuante de "dilaciones indebidas" y por ello solicita para Lluis Carulla, para el que inicialmente pedía cinco penas de cuatro meses de prisión, cinco penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
El fiscal demanda que el juez abra juicio oral y que dicte sentencia de "estricta conformidad con la calificación aquí formulada", renunciando a cualquier prueba, salvo la confesión del acusado.
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