Las cuentas de la igualdad no cuadran en España, donde la
tasa de riesgo de pobreza sigue enquistada por encima del 21% de la población
tras cinco años de recuperación de las variables macroeconómicas, un periodo en
el que las rentas netas familiares han mejorado un 9,6% (de 30.031 a 32.929
euros entre 2014 y 2018) mientras el PIB crecía un 16,4% al pasar de 1,037 a
1,208 billones).
A ese gripado del sistema de distribución de las rentas, en
el que la precarización del mercado laboral convive con un desconocido aumento
de las ganancias empresariales, se le añaden otras tendencias inquietantes,
como la que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto
Nacional de Estadística), indica que el riesgo de caer en una situación de
pobreza es ahora mayor que en plena crisis en todos los sectores sociales,
incluidos los trabajadores, y en todas las franjas de edad, salvo la de 30 a 44
años.
En ese contexto, y tras haber tomado el Congreso en
consideración la pasada legislatura la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de
CCOO y UGT para implantar una renta básica garantizada de 426 euros mensuales
con el único voto en contra de PP y C’s, la Airef, la Autoridad de
Responsabilidad Fiscal, ha abierto en canal el debate al poner sobre la mesa
varias alternativas entre las que se incluye una compatible con el trabajo que,
con un coste máximo de 3.500 millones de euros, resulta sostenible y permitiría
reducir en casi dos tercios el volumen de personas en situación de pobreza en
un país en el que 600.000 hogares carecen de ingresos.
Los planteamientos de la Airef reducen notablemente los de
los sindicatos, coinciden los economistas José Martínez Albertos y Eduardo
Garzón. En este sentido, el organismo de supervisión le atribuye un "coste
fiscal estimado para 2017 de más de 7.000 millones de euros, con máximos que
alcanzarían los 11.000 millones en situaciones de crisis graves y prolongadas y
con riesgo de un efecto llamada que lo elevaría en 2.600 millones".
El mercado laboral del siglo XXI
El objetivo de ambos modelos consiste en "instaurar una
renta de último recurso que proteja a los hogares que no tienen acceso a las
rentas del mercado laboral", explica el primero, mientras el segundo
matiza cómo la renta universal, que era la opción de CCOO y UGT,
"garantizaría un ingreso mínimo para todos los ciudadanos, con
independencia de su renta" mientras la básica o condicionada, que es la
que defiende la Airef, "va dirigida a personas que no cumplen determinados
criterios de renta, como complemento".
Los economistas también coinciden en señalar los tres
motivos principales que aconsejan poner en marcha una medida de este tipo,
todos ellos relacionados con el achique de la oferta de mano de obra que está
provocando la deriva del mercado laboral del siglo XXI: se trata de las
consecuencias de la deslocalización de procesos productivos, de la
digitalización y la robotización de la economía y, por último, de la
neoliberalización de las políticas económicas, cuya combinación comienza a
dificultar el acceso a unos ingresos mínimos a algunos sectores de la
población.
Así, el traslado de procesos productivos hacia países con
normativas fiscales y ambientales más laxas que las occidentales, y con mano de
obra más barata, "genera un vacío laboral para la gente con poca
formación" tecnológica, explica Garzón.
Ese sector de los trabajadores también es el principal
perjudicado por la progresiva asunción por robots de tareas de carácter
sistemático, algo que ya ocurre en tres de cada cuatro empresas en España.
Y, paralelamente, la extensión de las políticas neoliberales
está teniendo como consecuencia una mayor concentración de las rentas y de la
riqueza al tiempo que la ‘poda’ del Estado reduce la capacidad de creación de
empleo público.
Un sistema “desestructurado y errático”
"Se trata de responder a las consecuencias de un
mercado de trabajo cada vez más volátil", anota Fernández Albertos, que
llama la atención sobre un aspecto paradójico: "En España tenemos un
sistema de rentas mínimas muy fragmentado, desestructurado y errático"
cuya elevada "condicionalidad" es, al menos en parte, "una de
las causas del aumento de la desigualdad" tras la crisis.
"La gente desconoce a qué rentas puede acceder y dónde
debe buscarlas, y luego se encuentra con el problema de cumplir todos los
requisitos y documentarlos", añade.
Hay una para quien ha agotado el paro, otras por cargas
familiares y existen las pensiones no contributivas, entre otros modelos,
mientras los ayuntamientos dan ayudas de emergencia y cada una de las 17
comunidades autónomas tiene su propio salario social, entre los que destaca el
vasco, que puede llegar a los 959 euros mensuales.
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